Punto y aparte en la lucha contra los delitos urbanísticos en Córdoba. La titular del juzgado de lo Penal número 4 ha condenado a dos parcelistas a un total de tres años de prisión por construir una vivienda ilegal en la parcelación Las Pitas, ubicada en el enclave catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. Se trata de la primera condena en el entorno de la ciudad palatina.

Otra novedad de este caso es que el fallo, al que ha tenido acceso El Día, incluye también la demolición de la construcción, una actuación que correrá a cargo de ambos condenados -un padre y un hijo- bajo la supervisión de la Junta de Andalucía. Esta sentencia, recurrible ante la Audiencia, supone un antes y un después en esta materia, pues se trata de la primera resolución dictada por la Justicia de Córdoba en la que se acuerda la demolición de una obra ubicada en el BIC.

Ninguno de los propietarios de las viviendas ubicadas en el entorno de Medina Azahara que se han sentado en el banquillo hasta la fecha ha sido condenado por un delito contra la ordenación del territorio, tipo penal que corresponde a la construcción irregular de edificaciones.

El fallo judicial llega dos semanas después de que la máxima institución judicial de la provincia anunciara un endurecimiento de las sentencias contra los parcelistas después de la avalancha de recursos que la Fiscalía había interpuesto en los últimos meses ante las absoluciones de lo Penal. El requisito indispensable para acordar el derribo es, en todo caso, que lo solicite el Ministerio Público, un requisito que en este supuesto se cumple.

En este caso, la resolución judicial considera probado que los acusados -M. Á. B. N. y M. B. M. - iniciaron en septiembre de 2006 la construcción de una casa en la zona de Las Pitas, "a pesar de tener conocimiento de que esta zona está protegida y sin solicitar licencia de obras ni autorización a la Junta de Andalucía". Los encartados levantaron una vivienda de una planta de 17 metros de fachada por 12 de lateral.

Un mes más tarde, la Delegación provincial de Cultura acordó la paralización de las obras por estar en el área de influencia del Bien de Interés Cultural. La sentencia recoge que uno de los acusados declaró durante el juicio que desconocía "de forma plena" que existiera problema alguno para construir, un argumento que basó en "la existencia de casas y edificaciones en el mismo enclave, así como en la inexistencia de carteles informativos o de prohibición".

El segundo imputado reconoció que fue él quien ejecutó la casa por su oficio de albañil, "desconociendo, igualmente, la ilegalidad de tales construcciones a pesar de vivir en la zona desde 1995 y participar en colectivos vecinales".

En cualquier caso, el fallo insiste en que "cualquier persona media, dada la repercusión mediática y social que para los propietarios de dichas parcelas tuvo la ampliación de la zona BIC en 2003, conocía la ilegalidad de la realización de nuevas construcciones, no de obras de rehabilitación o mejora de las ya existentes en estos terrenos".

La magistrada también recuerda en su resolución que, desde hace cinco años, se llevan a cabo actuaciones públicas y de control "más serias" que el otro tiempo para evitar la proliferación de "ataques" al valor paisajístico y medio ambiental de las inmediaciones del conjunto arqueológico. El fallo afirma que la vivienda se inició sin solicitar autorización ni licencia de obras, "y menos aún con un proyecto visado por técnicos en la materia".

De acuerdo con estas circunstancias, a juicio de la juez, "los acusados sabían perfectamente que la construcción que promovieron era ilegal, a pesar de las advertencias realizadas por la Policía Autonómica". La titular de Penal 4 considera estos hechos como un delito contra la ordenación del territorio, por lo que le pide a cada uno de los imputados 18 meses de prisión, así como una multa de 2.780 euros.