La morosidad de las comunidades de vecinos en Córdoba ha caído por segundo año consecutivo después de alcanzar su cota máxima de la crisis en 2014 -en sólo cuatro años se disparó un 12,5%-. Si en 2015 bajó un 2,7% con respecto a 2014; en 2016 el descenso ha sido de algo más del 6% con respecto a 2015 -un 8,7% en total- hasta dejar la deuda total en 33 millones de euros. Son los datos que ofrece el sexto estudio nacional sobre morosidad en las comunidades de propietarios de España elaborado por el Colegio de Administradores de Fincas, que señala que la deuda actual se acerca a niveles de 2012, año en que ese débito total era de 32 millones de euros.

Los expertos echan parte de la culpa de esta evolución de la morosidad que ha sufrido Córdoba al hecho de que las entidades bancarias son nuevos propietarios en las comunidades y han asumido grupos de inmuebles. No obstante, esta morosidad, si la gestiona un administrador de fincas colegiado, consigue que la entidad responda porque cumple con las premisas que esta le impone. En Córdoba existen dos tipos de comunidades que no afrontan el pago de sus cuotas: una de las figuras es la que representan las personas que se resisten al pago, una figura que está desapareciendo, y la otra es en la que el propietario que realmente no puede. No obstante éste al final se sustituye por el banco porque pierde la vivienda.

Según el Consejo General de Colegios de Administradores de Finca, las razones fundamentales de la bajada de la morosidad son, "además de una ligera mejoría económica, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal" solicitada por la organización para que la deuda por morosidad que se pudiese solicitar fuese del año en curso más los tres años anteriores, y que fue aprobada en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Con esta modificación de la normativa, anota el colegio profesional, "se han podido reclamar cantidades importantes a las entidades financieras". No obstante, los expertos demandan una nueva Ley de Propiedad Horizontal para seguir combatiendo la morosidad, porque, aunque los datos muestran una disminución de los que adeudan, aún un alto porcentaje de las comunidades de propietarios de Córdoba cuentan con morosos. Además, debido a estas deudas de los propietarios, muchas comunidades no pueden rehabilitar ni hacer accesibles sus edificios como estipulan las normativas.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Mercedes Romero, ya explicó hace un tiempo a este periódico la importancia que tiene la figura del administrador a la hora de evitar que haya impagos en los edificios. Así, destacaba que "el administrador de fincas colegiado se debe adelantar con su gestión al hecho de que el moroso se convierta en un lastre para la comunidad con una labor de advertencia y un recordatorio periódico". En este punto, subrayó que "no se deben permitir retrasos de más de tres meses" en el pago de las cuotas. La razón de esta advertencia, indicaba, es "simplemente para evitar que sea difícil recuperarlas por el propietario y tampoco producir un descalabro en la comunidad". Además de la necesidad de pagar las cuotas correspondientes, la presienta del Colegio de Administradores de Fincas viene insistiendo en la importancia de hacerlo de manera continuada, dadas las oportunidades que generan para los propietarios. No en vano, si los dueños realizan puntualmente sus cuotas, se cumplen las previsiones y se realiza una buena gestión de mantenimiento, además de contar con recursos para la rehabilitación de los edificios.

Córdoba ocupa el quinto lugar en morosidad en la comunidad andaluza. Los peores resultados los arroja la provincia de Málaga (con una deuda prácticamente de 67 millones de euros) y la de Cádiz (casi 50 millones de euros). Si los datos se comparan a nivel nacional, la mala noticia es que Andalucía es la región española con más morosidad en las comunidades de propietarios (320 millones). En este caso los impagos de comuneros también están bajando (en 2015 la deuda era de 348 millones) al igual que los que corresponden a las entidades bancarias. Estas adeudan 64 millones, frente a los 73 millones que sumaban en impagos el año anterior. La segunda región con más morosidad es Cataluña (259 millones) y, en tercer lugar, Madrid (con casi 226 millones).