Nuevo golpe a la corrupción urbanística

La jueza deja en libertad bajo fianza a José Romero por la operación Astapa

  • José Romero tiene que personarse en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes y se le ha prohibido salir de España

El presidente del grupo de empresas Prasa y responsable de la segunda empresa cordobesa por facturación, José Romero González, salió ayer en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros -un error en la transcripción sobre la cantidad de la fianza apuntó en un principio a que la cantidad que debe aportar el empresario es mayor- tras declarar ante la titular del juzgado número 1 de instrucción de Estepona, que es quien formalmente lleva la operación Astapa, según declararon ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consultadas por este diario. A Romero se le imputan presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, y se le ha impuesto la obligación de comparecer ante la autoridad judicial los días 1 y 15 de cada mes. Además, la instructora del caso le ha prohibido la salida de España. La fianza aportada por el presidente de Grupo Prasa es la más elevada de cuantas se impusieron ayer, según las mismas fuentes, pues algunas de las cantidades se sitúan en el entorno de los 30.000 euros. No obstante, fuentes de la empresa señalaron ayer a El Día que la aportación de la fianza no se realizó ayer en efectivo, sino que se les ha dado un plazo indeterminado de momento para hacerlo.

Romero fue detenido en la mañana de ayer por agentes de la Policía Nacional por mandato del juzgado que instruye la operación contra la corrupción urbanística realizado ayer en Estepona a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y denominada Astapa. Agentes de la unidad especializada en delitos económicos y el blanqueo de capitales, se personaron en la sede central de la empresa en el bulevar del Gran Capitán, donde leyeron sus derechos al empresario, que fue trasladado a Málaga en un vehículo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un operativo sin momento de tensión. Algunas fuentes aseguran que los agentes se habrían llevado información de la sede del grupo de empresas con el objetivo de analizarla para incorporarla, si procede, a la instrucción del caso.

Durante la tarde noche, el principal responsable de la empresa promotora, uno de los nombres de mayor fuste de la economía productiva cordobesa, declaró hasta pasadas las 23:00.

La operación habría puesto en manos de los investigadores de la Policía distintos datos sobre irregularidades en la gestión urbanística de la localidad de Estepona, gobernada por una coalición heterogénea liderada por el Partido Socialista. Algunas fuentes han descrito la situación de Estepona como similar al modelo de Marbella, de pago de comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos.

La presencia de Prasa en Estepona, así como otras localidades de la Costa del Sol, no es un ningún secreto para nadie. De hecho, la empresa ha realizado una relevante actividad de edificación en toda la zona al albur de la expansión del mercado de la segunda residencia en el litoral sur andaluz. Pese a que Prasa ha desarrollado un trabajo de diversificación tanto funcional como geográfica, sólo hay que pasear por el litoral malagueño para entender la apuesta por esa zona.

La detención de José Romero se extendió ayer como un reguero de pólvora por los principales centros políticos y económicos de la ciudad, en oos que causó incredulidad y conmoción. Pese a que la empresa tiene ya poco más de un 3% de su actividad en Córdoba capital, en sus manos se encuentran proyectos de altísima relevancia, como el hospital privado que se pretende construir en Rabanales 21 (parte de cuyo accionariado es propiedad del grupo de empresas). Responsables políticos y económicos de la ciudad se confesaban en privado tremendamente preocupados por los efectos de esta operación.

Durante la tarde, Interior aseguró que se habría realizado una segunda detención en la provincia que otras fuentes no llegaron a confirmar. En ambientes económicos se especulaba con la detención de un promotor especializado en la realización de zonas verdes sin apenas actividad en la ciudad de Córdoba. Durante el desarrollo de la operación, se detuvo en Madrid a un empresario, hermano de un ex alto cargo del PP en la provincia.

En la operación, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y buena parte de la corporación municipal fueron detenidos. La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informó en un comunicado de que el dispositivo policial, en el que participaron más de 200 agentes, se extendió también a las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián y señaló que entre los detenidos estaban "los principales responsables de la corporación municipal de Estepona, técnicos, abogados y empresarios, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales". Durante la jornada de ayer, se realizaron 38 registros domiciliarios y en sedes de empresas. "También se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas; y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros dirigidos a 91 entidades de 78 personas físicas y jurídicas", precisaron. La intervención continuaba abierta al cierre de esta edición.

La operación Astapa ha destapado un entramado corrupto que supuestamente alcanzaba a los principales nombres del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona y cuyo origen podría encontrarse en la implicación de una de estas personas en el caso Malaya. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, además del alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), habrían sido arrestados el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino (PSOE); la edil de Educación, María Victoria López (PSOE); el concejal de la oposición Manuel Reina (PES); el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur; y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado mes de febrero con la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas.

Las acusaciones también han salpicado a responsables de empresas locales y fuentes próximas a la empresa Valle Romano manifestaron que la sede que ésta tienen en la urbanización que lleva el mismo nombre fue inspeccionada por agentes. Fuentes del Ministerio Público señalaron a Efe que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella, en la misma provincia, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y han añadido que los delitos que se investigan son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado y señalaron que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

Algunas de las supuestas irregularidades cometidas en Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.

Los investigadores vieron "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca. El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por Barrientos con el apoderado de una inmobiliaria imputado en Malaya y supuso la venta del 90% de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros.

Los responsables del caso observaron un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre la primera inmobiliaria y otra sociedad, que cifró en 2.085 euros el precio de cada metro cuadrado edificable. Ejecutiva Regional del PSOE andaluz decidió ayer iniciar los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido de aquellos concejales implicados en la investigación policial, lo que supondría el ocaso político de Barrientos, cuya carrera ha estado marcada por claroscuros.

La operación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, es coordinada por la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción.

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