La justicia cordobesa precisa de una decena de magistrados y fiscales

  • Jueces y funcionarios de la provincia se unen a las peticiones nacionales del sector, que anuncia huelga si no se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores

Concentración de jueces y fiscales frente a la Ciudad de la Justicia. Concentración de jueces y fiscales frente a la Ciudad de la Justicia.

Concentración de jueces y fiscales frente a la Ciudad de la Justicia. / jordi vidal

Hasta cinco jueces más y unos cuatro o cinco fiscales son necesarios en estos momentos, como mínimo, para cubrir las necesidades de la justicia en Córdoba. Así lo anunciaron ayer el presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano y el fiscal jefe, Juan Castro, tras leer un manifiesto que recoge 14 medidas exigidas por el sector a nivel nacional y en un acto de concentración frente a la Ciudad de la Justicia que congregó a más de 50 trabajadores.

A nivel provincial, reclamaron los responsables judiciales, son necesarias hasta 15 plazas de funcionario y en el caso de la capital, se precisa de la creación de dos juzgados, uno de primera instancia y otro de lo social, además de tres plazas más de magistrado para la Audiencia Provincial. Con respecto a la Fiscalía, y según señaló Castro, la necesidad principal radica en ampliar el número de funcionarios, cuya ratio en estos momentos es de medio trabajador por fiscal, "una absoluta barbaridad" a ojos del fiscal jefe. Aunque también, añadió, habría que aumentar el número de fiscales en otros cinco profesionales para Córdoba.

Este aumento de la plantilla queda recogido en el manifiesto leído ayer durante la citada concentración, que se repitió en varios puntos de España, y que estuvo convocada por las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales). Una concentración en la que, además, se advirtió de la posibilidad de convocar una huelga, así como otras medidas de movilización de cara a conseguir las peticiones planteadas.

En este sentido, exigieron la presentación de un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita a los jueces y magistrados, "por el sistema de elección directa y listas abiertas", elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta medida persigue un refuerzo de la "independencia judicial" lo que llevaría aparejado que el nombramiento de altos cargos se realice de forma objetiva, de la misma manera que se elimine a aquellos magistrados que están designados directamente por los gobiernos de las comunidades autónomas. En este sentido, por parte de las asociaciones fiscales se solicita "autonomía presupuestaria" que facilite toda esa independencia que se persigue. La reforma de la LOPJ también debería realizarse, explicaron, "en lo que a permisos y medidas de conciliación de jueces y magistrados se refiere", es decir, "con la retirada de las enmiendas presentadas al texto, al encubrir una reforma de calado que mina la independencia judicial y vacía de ciertas competencias al CGPJ".

Otra de las exigencias es recuperar el nivel salarial de jueces, magistrados y fiscales que se tenía en el año 2010. El manifiesto expone que "ya vimos recortados nuestros salarios y, sin embargo, no hemos recuperado nuestro nivel adquisitivo, ahora que la crisis, se dice, ha sido superada". En relación con la actividad salarial, las asociaciones exigieron también la convocatoria "formal e inmediata" de la Mesa de Retribuciones, esto es, el órgano encargado de regular el régimen retributivo de este personal y que no se ha convocado desde hace ya siete años.

En cuanto a la necesidad de más jueces y fiscales, ya especificado en el caso de Córdoba, el sector reclama a nivel nacional crear hasta 300 plazas al año ya que, expusieron, "España tiene una tasa por habitante inferior a la media y asume una tasa de litigiosidad de las más elevadas de Europa".

Esta batería de peticiones la completa la exigencia de un proceso de digitalización "con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuados". Según el manifiesto, hasta ahora "se ha anunciado la modernización y la digitalización de la Justicia a costa de un incremento de trabajo en cuestiones accesorias a nuestra función, sin que ello nos reporte ventaja alguna, sino todo lo contrario, un aumento de la penosidad en nuestra función sin mejora ostensible para los justiciables". El manifiesto cierra con una última exigencia: "fijación inmediata de las cargas de trabajo que deban considerarse razonables a efectos de salud laboral, lo cual corresponde exclusivamente al CGPJ".

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