Un informe enumera nueve casos de torturas en sólo un año en Córdoba

  • El centro penitenciario acapara siete denuncias por agresiones de funcionarios

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El pasado 2 de enero, un vecino de Córdoba -A. A. D.- denunció haber sido agredido por cinco agentes de la Policía Local tras ser sometido a una prueba de alcoholemia. El individuo llevó el caso a los tribunales y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura -una agrupación que reúne a medio centenar de colectivos, entre ellos la Asociación Libre de Abogados o la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia- incluye este caso en su último informe sobre casos de supuestos abusos por parte de agentes de la autoridad. En Córdoba, el colectivo enumera nueve presuntos casos de episodios vejatorios, la mayoría de los cuales tuvieron lugar en el centro penitenciario.

El caso de A. A. D. es el más reciente. El individuo llevó el caso a los tribunales, pero el Juzgado de Instrucción número 4 decretó el sobreseimiento de la causa "sin haber practicado ninguna de las pruebas solicitadas por la acusación", relata el informe. El juez argumentó que, de esta manera, evitaba "hacer pasar a unos funcionarios policiales por la horca claudina de tener que declarar en calidad de imputados, a riesgo incluso de tener consecuencias en su situación funcionarial".

El auto de archivo fue recurrido ante la Audiencia Provincial por A. A. D., que supuestamente tuvo una discusión con un subinspector de la Policía Local durante una prueba preventiva de alcoholemia. El agente, según el informe, lo agarró "violentamente del cuello" y cuando se intentaba soltar "otros cuatro agentes presentes se abalanzaron sobre él y le agredieron". Posteriormente, fue detenido por atentado.

El centro penitenciario de Alcolea concentra siete de los nueve episodios de presunta tortura enumerados en el informe, que señala hasta 319 casos diferentes en toda España en el último año. El 30 de octubre de 2007, se produjo uno de estos presuntos casos vejatorios. Según el informe, cinco presos que se encontraban en celdas de aislamiento tras haber participado en una reyerta fueron supuestamente agredidos por funcionarios. Los internos intentaron contactar con un letrado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), pero la dirección de la prisión se lo negó. Posteriormente, el juez también descartó que un forense los examinara. "El Consejo General de la Abogacía Española consideró en un informe que esta actuación del centro penitenciario fue ilegal", concluye el informe.

El 13 de agosto se produjo otro incidente. En aquella ocasión, un interno -M. C. P.- denunció haber sido agredido por varios agentes después de un problema con la dispensación de medicina. El recluso presentó una queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que desestimó el documento, aunque el Juzgado de Instrucción 7 sí abrió diligencias.

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