El Consejo de Ministros aprobó ayer la ocupación urgente de los terrenos necesarios para remodelar a fondo el actual aeropuerto, pero esta medida no implicará a corto plazo una modificación sustancial del actual estado de las cosas. El paso adoptado por el Gobierno permite que AENA, por ejemplo, vaya tomando posiciones en la zona mediante la adquisición de las viviendas afectadas o de los suelos necesarios para incrementar la longitud de la pista de aterrizaje. Sin embargo, esta iniciativa aún no es suficiente para que comiencen las obras, que deberían haberse iniciado en verano, según las estimaciones que hizo en su día la Subdelegación del Gobierno.

El problema principal para que comiencen las actuaciones sigue siendo que el Ministerio de Medio Ambiente aún ha de pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto, que lleva ya casi un año en proceso entre el plazo de información pública, la redacción de los documentos y la tramitación técnica. La última vez que se realizó una evaluación ambiental en el aeródromo de Córdoba, para una actuación sensiblemente menor, tardó cerca de dos años en desarrollarse.

La cuestión clave que implica al trámite medioambiental del aeropuerto es que, para desarrollar la obra de ampliación de la pista de aterrizaje, es necesario invadir unos suelos protegidos con categoría LIC (Lugar de Interés Comunitario), el arbolado que protege ambas riberas del Guadalquivir. El impacto en este paraje es calificado de severo por los informes técnicos puesto que, por razones de seguridad, es necesario desbrozar la totalidad de vegetación de este lugar para que no suponga un problema para la operativa diaria.

La conclusión del informe medioambiental es algo que preocupa a los responsables políticos de la operación del aeropuerto. En 2008, estaba previsto que empezaran las obras y que se adquiriesen terrenos y viviendas. Es muy probable que nada de eso se pueda hacer. El Gobierno ordenó al Ministerio de Medio Ambiente que agilizara todos los procesos de evaluación ambiental de las obras públicas para favorecer la inversión en infraestructuras en tiempo de crisis.

Jurídicamente, la ocupación de los terrenos aprobada por el Consejo de Ministros permite empezar a trabajar en la zona independientemente de que se pague a los actuales propietarios. Además, implica que AENA, en el caso de que quisiera, podría comenzar a realizar las reuniones definitivas con los vecinos para conocer sus intenciones: si toman el dinero que se les ofrece y entregan las llaves de sus viviendas o prefieren optar por el proceso de expropiación forzosa. Está previsto que muy pocos propietarios opten por esta vía ante la dificultad de que obtengan más dinero del que ya se les ha ofrecido mediante unas tasaciones generosas de sus propiedades.

Las obras de construcción del aeropuerto precisan todavía de un trámite administrativo por parte de AENA que no ha podido ser culminado. El contrato para la ampliación de la pista se encuentra baremado a falta de que se produzca la adjudicación definitiva a la constructora Ploder Uycesa. Por su parte, el contrato para la creación de la nueva terminal se halla con todas las ofertas presentadas. Los sobres con las propuestas ni siquiera se han abierto y aún es necesario proceder a la ponderación de las distintas cantidades establecidas por las firmas candidatas.