El juez imputa en la operación Madeja al jefe de Carreteras de Fomento

  • Le atribuye cinco delitos y cree que tiene un "patrimonio inusual y discordante con su trabajo"

Registros efectuados en Córdoba en 2014 por la Operación Madeja. Registros efectuados en Córdoba en 2014 por la Operación Madeja.

Registros efectuados en Córdoba en 2014 por la Operación Madeja. / el día

El titular del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado en la denominada operación Madeja, en la que se investiga una red de sobornos a funcionarios corruptos a cambio de la adjudicación de contratos públicos y que tiene su epicentro en la empresa sevillana Fitonovo, al jefe de la unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Córdoba, Tomás González. En un auto dictado el pasado 12 de marzo, el magistrado, que en julio de 2017 abrió una sexta pieza separada de la macrocausa de la operación Madeja y la declaró secreta, considera que los hechos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de este funcionario pueden ser constitutivos de delitos de hasta cinco delitos -prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales-, por lo que ha citado a Tomás González para que preste declaración el próximo 3 de abril.

En la resolución, el juez señala que este funcionario del Ministerio de Fomento elabora él mimo los informes solicitados al Ministerio en el ámbito de su competencia, figurando además como director de "la mayoría de los contratos relacionados con la facturación falsa" de Fitonovo.

Tomás González, prosigue el instructor, tiene vínculos familiares a través de su mujer "con uno de los principales imputados" en esta causa, en alusión al hermano de su esposa, el ex directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch. Para el magistrado, el funcionario que ha sido imputado en la causa presenta un "patrimonio inusual y discordante con su trabajo" y su mujer trabaja en centros de conservación para sociedades cuyos contratos "dependen directamente de la supervisión de su marido".

Así, el juez De la Mata considera "claro y patente" que este funcionario "habría cobrado cantidades en metálico o en B y que además estas cantidades se habrían ingresado en cuentas corrientes", además de haberse detectado "multitud de gatos ordinarios y compras de bienes que podrían haber sido sufragadas con dinero metálico que excedería aún más del dinero detectado".

El auto explica que el análisis de las cuentas bancarias de Tomás González revela que desde el año 2002 al 2013 "habrían aflorado cantidades de efectivo que por un total de 293.935 euros" y muchos de los "numerosísimos ingresos de efectivos detectados en sus cuentas corrientes guardan consonancia con salidas de efectivo de la Caja B de Fitonovo, que habrían ido a parar a los responsables de las sociedades Imesapi y Señalizaciones Villar, contratistas a su vez con el Ministerio de Fomento".

El juez recoge una serie de pagos en efectivo realizados por Tomás González y su esposa, como la compra de una vivienda en Sierra Nevada, la compra de dos vehículos y de electrodomésticos en los que habían aportado en efectivo más de 67.000 euros en total. Los ingresos del cónyuge del funcionario, concluye el juez, provienen entre los años 2002 y 2013 de sociedades que tendrían adjudicados contratos con el Ministerio de Fomento sobre los que Tomás González "tendría un gran poder de decisión".

De las seis piezas en las que inicialmente se dividió la investigación de la operación Madeja -después de que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla le remitiera la causa en el año 2015-, el instructor de la Audiencia Nacional ya ha finalizado la instrucción de cinco de ellas.

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