Córdoba

Los funcionarios de prisiones exigen la equiparación salarial

  • Los trabajadores cortan el acceso a la cárcel durante cuatro horas como medida de protesta

Un momento de la protesta, ayer en los accesos a la prisión provincial. Un momento de la protesta, ayer en los accesos a la prisión provincial.

Un momento de la protesta, ayer en los accesos a la prisión provincial. / jordi vidal

Cerca de 300 funcionarios de prisiones cortaron ayer los accesos a la prisión de Alcolea, para protestar por el sistema penitenciario que permite que haya diferencias salariales en función de los territorios. La protesta, que se desarrolló entre las 08:00 y las 12:00, se celebró bajo el lema Por el mismo trabajo, cobrar lo mismo, y estuvo convocada por los sindicatos Acaip, CCOO y UGT.

El delegado provincial de Acaip, José Miguel Sánchez, acompañado de los funcionarios, recordó el acuerdo que se pactó en enero para la eliminación de las categorías de los centros penitenciarios, lo que igualaría todos con los de categoría especial con el fin de obtener una equiparación salarial entre establecimientos justa para los profesionales de Instituciones Penitenciarias. "Es evidente la urgente necesidad de establecer un foro que permita acometer las soluciones con la presencia de todas las organizaciones sindicales presentes en las distintas mesas legalmente constituidas y que avance en las soluciones de un conflicto que está afectando a la propia institución y que no es capaz de ser canalizado por los cauces habilitados hasta la fecha", explicaron desde UGT.

El objetivo, según los sindicatos, es eliminar la brecha salarial que se produce entre los diferentes centros penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En el caso de los centros penitenciarios de Andalucía, existen hasta tres retribuciones distintas para puestos similares y la diferencia salarial podría ascender hasta los 7.000 euros al año. Indicaron también que el esquema retributivo actual del colectivo penitenciario no es coherente con una política salarial que prima la experiencia profesional y la progresión de la carrera, por la existencia de una clasificación por categorías de centros penitenciarios que data de 1989 y, por ello, creen que es urgente adaptarla al marco legal establecido.

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