El fiscal jefe respalda que la Justicia necesita una "reforma a fondo"

  • Martín-Caro reconoce que el sistema vive "una situación de tensión" y aboga por introducir modificaciones como la mediación en los procedimientos penales

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El fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, respaldó ayer que la Administración de Justicia requiere una "reforma a fondo" y argumentó que, "quien piense que las últimas reformas legislativas no han repercutido, se equivoca". Martín-Caro se expresó de esta manera después de hacerse público un informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estima que la planta judicial de la provincia necesita 95 funcionarios más y después de que el juez decano, Luis Rabasa, insistiera en que los magistrados se encuentran "francamente desasistidos".

La Justicia vive en la actualdiad una "situación de tensión", reconoció Martín-Caro, quien abogó por un "reajuste", porque al sistema "hay que rejuvenecerlo profundamente". "Es de una lógica aplastante pensar que los juicios rápidos, los casos de violencia de género y la reforma del Código Penal sobre los delitos de tráfico han supuesto una mayor carga de trabajo", dijo. Y argumentó: "Si damos un paso para modernizar, también debemos tener recursos". Pero más allá de ampliar la plantilla de funcionarios o de crear nuevos juzgados y más plazas de fiscal para solucionar la sobrecarga existente, apostó por una "reforma a fondo".

El responsable del Ministerio Público en la provincia abogó, por ejemplo, por potenciar el sistema de mediación, debido a que "en el ámbito penal no funciona". También apostó por una reforma normativa que recoja el principio de oportunidad reglado. Esta última medida sería especialmente útil en aquellos casos en que los procesados pueden aprovecharse de una suspensión de la condena. El sistema español obliga a celebrar el juicio y, una vez que existe sentencia, el juez puede suspender la pena. El principio de oportunidad reglado, en cambio, ataja el procedimiento desde el inicio.

En ocasiones anteriores, el fiscal jefe ha reivindicado la vigencia de modelos diferentes al español, donde los fiscales cargan con la responsabilidad en la investigación de los delitos, mientras que en España esto es responsabilidad de los jueces. La salvedad son los asuntos en los que los acusados son menores de edad.

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