El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, experto en medio ambiente, ha alertado de que la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), recién aprobada por el Parlamento andaluz, "contradice" la norma del 2010, que ampliaba las penas por ilegalidad urbanística. "El Ministerio Fiscal se rige por el principio de legalidad", ha recalcado Calvo-Rubio en una entrevista, en la que ha señalado que hasta que no entre en vigor la nueva norma "sólo nos queda interpretar la ley que tenemos". Preguntado sobre qué impacto va a tener la pretensión de dotar de servicios públicos a las viviendas edificadas ilegalmente, ha recordado que la reforma del Código Penal de 2010 "aumentó los tipos y las penas en los delitos contra la ordenación del territorio", algo que "parece contradictorio" con el hecho de "intentar legalizar viviendas ilegales".

Calvo-Rubio, que fue fiscal delegado de Medio Ambiente en la Fiscalía de Málaga, recibió en 2013 la felicitación de la Fiscalía General del Estado por ser el acusador que más sentencias condenatorias logró en delitos urbanísticos ese año -más de un centenar- movido por el convencimiento, según ha contado algún colega de profesión, "de la defensa a ultranza del medio como bien jurídico protegido". Aún se recuerdan sus alegatos contra el urbanismo salvaje y desaforado en sus acusaciones públicas, muchas de las cuales motivaron numerosas condenas contra políticos que hicieron de la concesión de licencias de obra sin respetar informes técnicos y jurídicos un sello de su gestión.

"En tanto que Ministerio Fiscal, no me compete opinar sino aplicar la legislación vigente", ha dicho, aunque ha opinado que "en este país se tiende a buscar soluciones en el derecho a pesar de que el derecho penal es difícil que ofrezca soluciones a problemas reales". Así, a modo de ejemplo, ha explicado que el derecho penal "interviene cuando ya se ha producido el delito pero aunque condenemos los robos, no vamos a acabar con la delincuencia". "Si la condena depende en gran parte del proceso probatorio, ¿absolver a un político lo convierte en una persona honrada?", ha señalado, para añadir que "hay responsabilidades morales, éticas, políticas que no se resuelven en los tribunales".