El Ministerio Fiscal solicita un total de diez años de prisión para cinco acusados de un delito contra la ordenación del territorio por construir diversas edificaciones en suelo no urbanizable en la parcelación conocida como El Cortijo de Quintos, una zona de especial protección por su valor paisajístico y medioambiental. En este caso, la Acusación Pública no reclama la demolición de las casas, como ha sido la tónica habitual hasta la fecha.

Los hechos se remontan a 2004, cuando los cinco imputados procedieron a la división de una finca previamente precintada para realizar calles y posteriormente construir viviendas. Según la calificación provisional, a la que ha tenido acceso El Día, los imputados allanaron el terreno, colocaron estacas para la apertura de vías e instalaron postes y vallas metálicas para la habilitación de calles, donde posteriormente se produjeron diversas edificaciones. Esta actuación motivó la apertura de las oportunas diligencias judiciales para depurar las responsabilidades penales derivadas de la misma.

El paraje donde los acusados promovieron la realización de las casas "no autorizadas ni autorizables conforme a la legislación urbanística", es conocido con el nombre de El Cortijo de Quintos, situado en el término municipal de Córdoba, junto al aeropuerto de la ciudad.

Dicho suelo está declarado de "especial protección" por el valor ambiental y paisajístico de la Vega del Guadalquivir "susceptible de ser considerado como recurso irrecuperable y en el que las ilícitas actividades pueden producir graves impactos medioambientales", según informe el documento del fiscal.

El Ministerio Público entiende estos hechos como un delito contra la ordenación del territorio y además de los dos años de cárcel para cada uno de los cinco acusados, solicita también una multa total de 16.200 euros. El juicio por estos hechos se celebrará el próximo 8 de mayo en Penal 4, el mismo juzgado que hace pocas semanas ordenó la demolición de una casa ilegal construida en Las Pitas, en el entorno de Medina Azahara.

Esta calificación fiscal llega una semana después de que el Ayuntamiento derribara el primer chalé ilegal en la capital. En ese caso, fue el Consistorio quien denunció a los propietarios y posteriormente avaló esta decisión una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Después de siete años de recursos y expedientes administrativos, finalmente las retroexcavadoras echaron abajo el pasado 1 de abril las dos plantas que Francisca Rodríguez y su ex marido habían levantado en 2001 en el Cerro de San Cristóbal.

Precisamente, otro procedimiento destacado ocurrido en los últimos días relativo a la lucha contra los delitos urbanísticos fue la sentencia dictada por Penal 4 donde se ordena la demolición de una vivienda en la parcelación de Las Pitas, incluida dentro de la zona de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Junta de Andalucía.

La titular de este juzgado ha impuesto un total de tres años de prisión y la demolición de la vivienda a un padre y un hijo responsable de edificar una casa en Las Pitas, aunque los imputados ya han presentado el correspondiente recurso ante la Audiencia Provincial.

La máxima institución judicial de la provincia también ha acordado recientemente endurecer las penas contra los parcelistas tras las continuas absoluciones judiciales y los recursos planteados por la Fiscalía.