El Defensor del Pueblo recibió durante 2016 un total de 211 quejas procedentes de la provincia de Córdoba, lo que supuso un incremento de casi un 33% respecto a las registradas durante 2015, 159. Se trata, por lo tanto, de la subida más alta experimentada en toda Andalucía y muy por encima de la segunda subida más destacada de la lista, en este caso en Huelva, con un 28% más de denuncias. Así lo pone de relieve el informe anual publicado ayer por el Defensor del Pueblo, una institución designada por las Cortes Generales para defender y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la Administración. El incremento registrado en Córdoba implica además una gran diferencia con los totales de Andalucía y España, ya que, en ambos casos, las quejas descendieron con respecto a 2015, concretamente un 0,37% en el caso de la comunidad autónoma y casi un 7% en el total del territorio nacional. Aún así, Córdoba no es una de las provincias que más quejas interponen a través de este organismo, ocupando un 10% del total de lo registrado en Andalucía. Existen territorios, como por ejemplo Cádiz, donde se rozaron las 400 quejas, más incluso que en Málaga, aunque la líder sigue siendo Sevilla, con un total de 524 reclamaciones durante 2016.

Con respecto a aquellos hechos más destacado que el Defensor del Pueblo ha registrado en su informe, aparece una recomendación que se hizo al Ayuntamiento de Córdoba capital respecto al servicio de cobertura de atención a personas mayores, concretamente en higiene. La reclamación procedía del hecho de que estas personas no pudieran elegir el sexo de la persona que les atendiera en estos casos, a lo que el Defensor del Pueblo (figura que ocupa Soledad Becerril) recomendó sí dar libertad de elección. Sin embargo, el Consistorio aplicó un "margen amplio" a la acatación de tal norma, por lo que el organismo apunta en su informe que la aceptación fue "parcial". De la misma forma aparece una queja de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en la que se alertaba de un posible fallo en la administración de instituciones penitenciarias a raíz de la muerte de un preso en la cárcel de Alcolea. En este caso, el Defensor del Pueblo pidió a la administración que enviara un informe detallado del funcionamiento de la seguridad, documento que aún no se ha recibido.

Reforzar la seguridad en el campo fue una de las peticiones compartidas

También aparece una denuncia conjunta para exigir el refuerzo de la seguridad, en este caso de la Guardia Civil, en el campo, y más concretamente por los robos de aceituna. Otra de las peticiones iba encaminada hacia la Universidad de Córdoba (UCO) para que cumpliera con la normativa que establece que un 5% de las plazas debe estar reservado para personas con discapacidad. La Universidad respondió afirmando que dada la baja demanda, esas plazas estaban aseguradas, y aún así aceptó cambiar su normativa para asegurar ese 5%.

En cuanto a las actuaciones de oficio que se ejecutaron a raíz de denuncias en el Defensor del Pueblo, Córdoba aparece en dos. Una de ellas compartida con los municipios de más de 100.000 habitantes para garantizar la alimentación de niños en familias vulnerables y otro más de Apdha, en este caso por el despido de seis personas también en la cárcel de Alcolea.