"Córdoba es la ciudad más adelantada en cuanto a la implantación de la ley de dependencia". Así lo indicó ayer la concejal de Bienestar Social, Ana Moreno . Y es que aunque no se disponen aún de las cifras oficiales que demuestren que Córdoba está a la cabeza con respecto a las demás capitales andaluzas, la edil afirmó que un total de 6.827 personas solicitaron el reconocimiento de grado de dependencia durante el primer semestre de este año, de los cuales 2.681 se resolvieron como dependencia grave o severa.

Ana Moreno explicó que de esas 2.681 solicitudes resueltas como dependencia grave, ya se han elaborado 1.992 planes individuales de atención. Estos planes individuales se desglosan en 924 prescripciones de servicios y 1.043 instancias resueltas con dotaciones económicas.

Recordó que una vez que las solicitudes son recibidas y registradas en el Ayuntamiento, éstas pasan directamente a la Junta de Andalucía, que emite la resolución según el nivel o grado de dependencia. Despúes, vuelven de nuevo al Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Así, la concejal reconoció que el procedimiento es "complicado" pero aseguró que están intensificando el "esfuerzo para poder ejercer dicha ley porque cada día entran nuevas solicitudes".

Explicó Moreno que el Ayuntamiento de la ciudad dispone de un servicio público concertado además del servicio de ayuda a domicilio que proviene de la propia ley de dependencia. El servicio concertado se diferencia de la ayuda a domicilio porque el número de horas de asistencia es menor. La ayuda domiciliaria a dependientes severos consiste en un apoyo de 90 a 75 horas mensuales en lo que se refiere a las tareas domésticas. Este servicio es compentencia única y exclusiva de la administración local y desde su puesta en marcha, ha sido aplicado a 234 personas.

Además, Ana Moreno declaró que han sido invertidos ya tres millones de euros en esta materia. Así, la Junta de Andalucía ha incrementado el presupuesto en cuanto al funcionamiento de dicha ley, que se aplicará en todos los ayuntamientos de la comunidad. De este modo, los consistorios pasarán de los 545.000 euros que disponían en el primer semestre a los 3.000.000 en el segundo .

Según un estudio realizado por el Imserso, Andalucía es la Comunidad autónoma en la que mejor funciona la aplicación de esta normativa de ayuda a enfermos y familiares cuidadores.

Un 77,6% de los demandantes andaluces de las prestaciones ya tiene reconocida su solicitud. Estas cifras reflejan asimismo, que existen 93.629 personas cuyas comunidades autónomas todavía no han analizado su caso. Por el contrario, entre las regiones más retrasadas a la hora de valorar a los posibles dependientes se encuentran Islas Baleares, que ha estudiado algo más de la mitad de las solicitudes, seguida de Galicia, Navarra y Cantabria.