Ocho de cada diez personas que pasan por la sede en Córdoba del Servicio de Asistencia a la Víctima en Andalucía (SAVA) fueron mujeres. Este dato se extrae del balance anual publicado por la Consejería de Justicia e Interior, de la que depende el SAVA, un ente que se encarga de dar atención integral y coordinada a víctimas desde diferentes ámbitos (general, jurídico, psicológico y social). Si bien este servicio no se centra únicamente en víctimas de violencia de género, sí es cierto que los datos hablan de que las personas usuarias suelen ser mujeres que sufren algún tipo de maltrato.

En este caso, y de manera general, el SAVA atendió en Córdoba durante el último año a un total de 1.484 personas, de las cuales casi un 80% fueron mujeres y 285 hombres. Además, de ese total también hay un lugar reservado para los menores; en este caso, casi 80 precisaron de algún tipo de atención a través de este servicio público.

La mayor parte de las atenciones realizadas a los usuarios se basaron en el ámbito general

El balance de este departamento expone que del total de usuarios, que es un 5% inferior al del año anterior, la mayoría fueron asesorados o atendidos en el ámbito general. Concretamente, se realizaron 7.714 atenciones relacionadas con este apartado donde se incluyen los acompañamientos para presentar una denuncia (203), la aportación de información (casi 3.500), contactos con otros organismos (970) o derivación a otras asociaciones (582). El siguiente ámbito en el que el SAVA actuó en mayor medida con sus usuarios fue en el jurídico con 5.273 personas. Aquí, la mayoría de atenciones se centraron en el asesoramiento jurídico (casi 2.000), también se ofreció información sobre denuncias (963), se colaboró con órganos judiciales, como fiscalías o abogados (602) e incluso se ayudó a tramitar la solicitud de ayudas públicas o a escribir documentos jurídicos.

En el ámbito de lo sociales el servicio de atención a las víctimas realizó 2.526 consultas, que consistieron en ofrecer información y ayuda para la búsqueda de recursos sociales (1.126), en entrevistas para valorar a la víctima y realizar así diagnósticos (531) o la elaboración de informes. Por último, el tratamiento psicológico requirió la atención de 1.670 personas que o bien recibieron terapias breves (246), intervención por una situación de crisis (83), manejo de la ansiedad (246) o apoyo psicológico en general para sobrellevar el proceso penal (preparación como testigo, por ejemplo).

Las personas que precisan de algún tipo de atención por parte de este servicio de la Junta vienen derivados, además, de otros organismos. En este caso, más del 57% (es decir, más de la mitad) de las personas que el SAVA atendió en Córdoba venían derivados de los juzgados. Aquí queda claro que las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato copan las atenciones del servicio ya que ese porcentaje del 57% está formado por un 50% que venían de Violencia de Género, mientras que el 7% restante procedía de otros tribunales. Casi un 9% de los casos pasaron al SAVA dado que la persona que habría sufrido algún tipo de violencia recurrió al servicio por iniciativa propia, mientras algo más de un 8% fueron derivadas de los Servicios Sociales. Otros remisores fueron abogados, colegios profesionales, el Instituto de Medicina Legal, los propios medios de comunicación, los servicios sanitarios. También cuentan con mucho peso las personas que acudieron porque dio aviso la Policía (Local o Nacional) o la Guardia Civil.

Capítulo aparte ocupan las víctimas menores de edad, niños y adolescentes. De los 71 menores atendidos en el SAVA, 49 eran niñas y 22 niños, la mayoría de Córdoba capital (más de un 83%). Llama la atención, y mucho, que el autor del daño fuera en su mayoría el padre o la madre de ese menor, ya que los datos apuntan a que la relación del atendido con el autor de la violencia era de hijo en el 29,17% de los casos. También ocupa un gran porcentaje en este caso los menores atendidos por el SAVA que habían sufrido algún tipo de agresión por parte de otros menores, casi un 21% del total. En el 17% de los casos el agresor fue un conocido, en el 8,33% un hermano, también en un 8,33% una pareja (casos de violencia de género en adolescentes), y en menor medida fueron amigos, otros familiares o vecinos. En cuanto a las denuncias presentadas de los menores atendidos, casi un 89% había denunciado o denunció a posteriori, mientras que algo más de un 11% no quisieron hacerlo. Nadie retiró la denuncia.