Comercio Córdoba se unió ayer a los sindicatos UGT y CCOO para hacer fuerza contra el cumplimiento de la norma sobre contaminación visual en el Casco Histórico y pidió diálogo al considerar que puede ocasionar despidos en el comercio de cercanía. El presidente de la Federación Provincial del Comercio, Rafael Bados, recordó que de estos establecimientos dependen 43.275 trabajadores en la provincia, 27.843 están en el Régimen General y 15.432 son autónomos. Además, el 60% de ellos son mujeres. Así, también señaló que la recuperación del sector está siendo lenta tras el daño sufrido por la crisis económica.

Bados manifestó que el anuncio sobre la vigilancia para que el comercio del Casco Histórico cumpla la normativa vigente de contaminación visual llegó "en clave de cierta amenaza" por parte del primer teniente de alcalde, Pedro García. Frente a esto, la federación mantuvo la pasada semana una reunión con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para presentarle una serie de propuestas porque "no vamos a consentir una campaña de acoso y derribo como la que se está produciendo con la hostelería", aseveró el presidente de Comercio Córdoba, aunque sí están dispuestos a llegar a "acuerdos con moderación".

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, resaltó que el comercio es uno de los sectores que más volumen de contratación tienen en la provincia ya que se trata de un "sector refugio" al que acuden los desempleados cuando no encuentran trabajo. Por ello, a UGT le preocupa "la afección" que la medida que Pedro García va a impulsar pueda tener para el empleo. Al respecto, Palomares cuestionó si es oportuno llevar a cabo el cumplimiento de la norma en este momento y apuntó que, según reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), entiende que "habría que esperar". "No es el momento más adecuado porque Córdoba tendrá que vivir de algo", puntualizó. Por esto, espera que "haya diálogo" pero para ello "la normativa debe ser flexible para adaptarse a las necesidades del colectivo".

Por su parte, la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, criticó que tanto el comercio como los sindicatos se enterasen de la noticia por la prensa y manifestó que lo correcto hubiera sido reunirse en una mesa "para ver qué queremos para Córdoba y si es el momento más adecuado". "La cuestión es si queremos hacer ese cambio o se trata de algo partidista" ya que en los planes de García no está cambiar el cableado que hay en las fachadas del Casco Histórico pero sí evitar que los establecimientos saquen fuera sus productos, aseveró Borrego.

Según Bados, la norma podría afectar al empleo en el sentido de que si hay que hacer modificaciones estructurales, quizás haya empresarios que no tengan capacidad adquisitiva para ello. Por otra parte, indicó que hay comercios que ni haciendo esos cambios en su fachada podrían tener escaparates. "Hay que intentar proteger al comercio y no agredirlo como se pretende con esta actuación", concluyó.