El cogobierno, a través de la Asesoría Jurídica, ha contestado al requerimiento del Tribunal de Cuentas sobre el caso Imdeco en el que le solicita un informe en el que se especifique "quiénes fueron las personas que intervinieron en la ejecución y control presupuestario de los hechos denunciados". Los hechos denunciados son una cláusula del contrato entre el Imdeco y los clubes deportivos mediante la cual el Ayuntamiento paga el déficit de explotación a las asociaciones. Pues bien, la Asesoría Jurídica ha señalado a esas personas, pero se ha limitado incluir en el listado a todas las que estaban en el consejo de administración del Imdeco en el año 2013, cuando gobernaba el PP.

El Tribunal de Cuentas analizó la documentación de ese ejercicio, aunque esta cláusula ha estado vigente durante décadas y en varias corporaciones municipales lideradas por gobiernos de distinto signo político. De hecho, había una especie de pacto entre todos los partidos para no ser críticos con esta situación que ha destapado el Tribunal de Cuentas, ya que afectaría a todos, y por el momento el PP no había hecho ninguna oposición a la espera de que se resolviera el caso.

Este acuerdo parece que ha saltado por los aires ,ya que en el escrito remitido al Tribunal de Cuentas se señala al consejo de ese año, además de la Intervención general y al secretario del Pleno, según las fuentes a las que ha tenido acceso a este periódico. El órgano fiscalizador pedía al Ayuntamiento "nombres, apellidos y domicilio actual de aquellas personas que tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita". Además el Ayuntamiento debía informar sobre las "competencias y funciones que dichas personas ostentan".

El requerimiento se enmarca dentro del proceso iniciado por el Tribunal de Cuentas tras emitir un informe en septiembre de 2017 en el que detectaba irregularidades en el procedimiento que seguía el Imdeco a la hora de pagar a las concesionarias el déficit que generan las salas de barrio. El Imdeco destina al año alrededor de 300.000 euros para suplir el déficit de las salas de barrio y se realiza a través de una subvención que se entrega a las empresas que explotan estos espacios. El informe del Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado las concesiones administrativas de los servicios deportivos del Ayuntamiento en el año 2013, considera que ese no es un mecanismo válido puesto que no cumple con los requisitos intrínsecos a una subvención. Es decir, que el dinero se destina de manera directa a la concesionaria y las subvenciones requieren de un proceso de concurrencia pública que no se da.

La primera decisión del Ayuntamiento, instancias de la interventora, fue la de paralizar las ayudas que se estaban otorgando a los clubs que gestionan las salas de barrio, algo que se aplica desde primeros de este año. Las instalaciones afectadas son las de Guadalquivir, Valdeolleros, El Naranjo, Margaritas, Santuario, Ciudad Jardín y Fuensanta. El Imdeco está negociando con los clubes que gestionan estas entidades la resolución del contrato y fijar una indemnización para posteriormente sacar de nuevo el servicio a licitación.