Segunda sesión del juicio contra Rafael Gómez en la Audiencia Provincial. Una vista en la que los auditores de la firma Ernst&Young han declarado que no pudieron hacerse cargo del trabajo para el que estaban contratados porque la empresa del ex concejal de UCOR "no le facilitó la documentación" en el ejercicio correspondiente a 2006, justo cuando estalló el caso Malaya. Uno de ellos ha indicado que en ese momento "las circunstancias del grupo eran muy complicadas".

En la misma sesión, los auditores han asegurado que no se reunieron con Gómez durante su trabajo y que sus interlocutores con la compañía eran Daniel Barrios y Antonio Martínez.Otro de los testigos, que también ha trabajado como asesor en las empresas de Gómez, ha manifestado que no presentó la declaración del IRPF del empresario y de su mujer en 2004 porque “el programa informático le impedía imprimir”.

Gómez se enfrenta a 11 delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, por los que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 70 millones de euros con el supuesto impago de impuestos a través de cuatro empresas. Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales y pide para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Rafael Gómez, que podría llegar a 350 millones de euros.

Los delitos supuestamente fueron cometidos entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Se trata de uno de los mayores casos de fraude fiscal juzgados en Córdoba.

En la primera sesión, Rafael Gómez argumentó su defensa diciendo que desconocía qué es el IRP y que firmaba lo que sus asesores le decía. Además, desvinculó a sus hijos de cualquier responsabilidad.