La alcaldesa, Isabel Ambrosio, consideró ayer "imposible" que el Ayuntamiento pague por las Caballerizas Reales al Ministerio de Defensa "el precio de mercado". Así reaccionó Ambrosio a una respuesta que el Gobierno central ha entregado al diputado socialista Antonio Hurtado y en la que afirma que la venta del histórico edificio dependía "enteramente" del Consistorio. El Ejecutivo habló, en este caso, de un precio "cierto y calculado con criterios de mercado".

"Si se actúa sólo queriéndole colocar una cifra acabada en euros y que tenga un valor parecido al del precio de mercado, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo", advirtió la alcaldesa, quien pidió además al Ministerio de Defensa algo de "sensibilidad" teniendo en cuenta las cesiones efectuadas en el pasado.

Ambrosio recordó que la ciudad ya cedió "sus mejores terrenos" a Defensa a cambio de los acuartelamientos que después abandonó, con lo que calificó esa entrega de "generosa". Por esto mismo, la primera edil pidió esa sensibilidad al Gobierno y reconoció que poner precio "real" a las Caballerizas, a la Farmacia Militar y a una parte del Marrubial es algo "muy complicado". Con todo ello, Ambrosio explicó que el objetivo es lograr la titularidad municipal para el edificio y no una cesión a terceros y que apuntó que el cogobierno que preside se ha marcado "la exigencia de intentar lograr un acuerdo".

Por su parte, la coordinadora general del PP de Córdoba, Beatriz Jurado, pidió al cogobierno municipal que demuestre "más compromiso" con el tema de las Caballerizas, al tiempo que exigió que se cumplan los acuerdos institucionales que se adoptaron en su momento con el Ministerio de Defensa. Jurado recordó que "la pelota está ahora en el tejado del gobierno municipal de PSOE e IU, que fue el que pidió una nueva prórroga del protocolo" firmado entre el Consistorio y Defensa. A su juicio, "es lamentable que después de tanto tiempo todavía no hayan hecho nada, y más lamentable" aún que "los diputados socialistas solo busquen culpar al Gobierno de España, que ha mostrado desde el primer momento voluntad política para desbloquear este asunto".

Según explicó Jurado, el protocolo entre Defensa y el Ayuntamiento cordobés finalizó el pasado mes de abril de 2017, y desde entonces existe una prórroga de un año, "que fue el margen de tiempo que pidió la propia alcaldesa para buscar una solución acorde a la legalidad", pero "el tiempo se acaba y el Ayuntamiento todavía no ha movida ficha, y no sabemos a qué espera".