La alcaldesa, Isabel Ambrosio, hizo ayer un llamamiento al consenso tras la polémica que ha levantado los acuerdos adoptados por la comisión de memoria histórica que, además de reivindicar que se acometan los trabajos para recuperar a las víctimas que aún permanecen en fosas, también plantea cambios en el nombre de algunas calles, como Cruz Conde, la plaza de Cañero o la avenida conde de Vallellano. Ambrosio reconoció que debe asumir el contenido del dictamen pero que, como alcaldesa, tiene la obligación de lograr el consenso antes de que el documento se eleve al Pleno que, a fin de cuentas, es el órgano competente para ratificar este tipo de decisiones. Y en esta búsqueda de sintonía abrió la puerta a la participación ciudadana. "Me comprometo a que aquello que genera controversia sea aprobado por unanimidad y, si para eso se necesita la participación de los vecinos, yo no voy a poner trabas", dijo Ambrosio. Sus declaraciones vinieron después de que la teniente de alcalde de Hacienda y edil de IU, Alba Doblas, descartara aplicar el reglamento de Participación Ciudadana, a pesar de que esa opción estaba incluida en el borrador del dictamen que se aprobó el miércoles. Doblas pidió que se quitara y finalmente se quitó con la aprobación de la representante del PSOE, Mar Téllez, y se sustituyó por una frase que exige al Ayuntamiento que desarrolle "campañas de sensibilización e información".

Doblas insistió ayer en que "la aplicación de la ley no se puede someter a un referéndum" y criticó que el PP, "un partido que mete en la cárcel a gente por hacer un referéndum", sea ahora el que lo proponga. Doblas añadió que el acuerdo de ayer es "histórico", incluido el cambio de nombre del callejero, porque "es necesario para recuperar la dignidad de las víctimas y reparar su daño". La edil de IU insistió en su postura de que "el reglamento de participación ciudadana se aplica en las decisiones del gobierno, pero no para el cumplimiento de las leyes", porque, según su opinión, "es ineludible y no se puede alegar el reglamento para no cumplir una ley". Para Doblas, que además es delegada de Participación Ciudadana, "en una democracia la ley está para cumplirla y no para discutir si se aplica o no", por lo que defendió que los procesos participativos ya se han producido en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática. "Todo aquel que colaborara y sustentara esta masacre debe responder ante la historia con la expulsión de un callejero que debe responder al honor y dignidad de la ciudadanía", aseguró contundente la teniente de alcalde, que expuso ayer su punto de vista junto con el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo.

Ambrosio no sólo se alejó ayer de la postura de IU en este asunto, sino también de la de su compañera de partido, Mar Téllez, quien votó a favor de la propuesta de Doblas de dejar fuera la participación ciudadana y de cambiar el nombre a Cruz Conde, Vallellano o Cañero. Aunque Ambrosio dijo que "no conozco" que existan discrepancias dentro del grupo socialista en esta cuestión, lo cierto es que la postura de Téllez ha generado controversia.

El presidente del Foro de la Memoria, Luis Naranjo, apuntó por su parte que el dictamen es "un importante y crucial paso para la recuperación de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura" y confió en que las fuerzas políticas sean "coherentes con los valores que dicen defender y apoyen todas las propuestas para su aplicación". "No es admisible" que se proponga un referéndum por algunos partidos para "decidir si se cumple o no la ley". Sobre el callejero añadió que las personas propuestas para que se eliminen sus calles "colaboraron de forma activa y ocuparon puestos de responsabilidad en el proceso de represión, no solo mediante el uso directo de la violencia, sino mediante el uso indirecto del aparato ideológico o político del franquismo", de modo que consideró que "todos los de la lista son personas que se merecen el nombre de represores".

Además de las citadas Cruz Conde, Cañero y Vallellano, el dictamen de la comisión también pide que se eliminen las vías Joaquín Benjumea, Joaquín López Huici, Fernando Fernández Martínez, la Glorieta Artilleros y la avenida General Franco de Alcolea que, aunque no está rotulada, sigue apareciendo en el callejero del Instituto Nacional de Estadística (INE), además de las placas que todavía existen con simbología franquista en inmuebles del antiguo Ministerio de la Vivienda. Todos estos nombres se aprobaron por unanimidad. El resto, que también generaron algo de controversia, son Cronista Rey Díaz, José María Pemán, Periodista Aguilera, Periodista García Prieto, Periodista Quesada Chacón, Poeta Antonio Arévalo y Francisco Arévalo.

En cuanto a los lugares de la memoria, finalmente la comisión acordó incluir el Alcázar -antigua cárcel de mujeres-, la prisión de Fátima, la extinta comisaría de Ronda de los Tejares o la actual de Fleming, el Círculo Cultural Juan XXIII o el colegio Rey Heredia. Se dio igualmente el visto bueno al reconocimiento de algunas víctimas franquistas, como los represaliados de la barriada de Santa Cruz, así como a Manuel Tarazona -defensor de la legalidad constitucional republicana-, y a Manuel Sánchez-Badajoz, último alcalde democrático de la II República en Córdoba.