El juez absuelve a un parcelista de un delito urbanístico y lo condena por desobediencia

  • La resolución judicial argumenta que la Vereda del Contadero dispone de servicios básicos

Otro parcelista se ha librado, por el momento, de echar abajo una vivienda en Lucena, tal y como reclamaba la Fiscalía. El Juzgado de lo Penal número 3 ha absuelto a un vecino de la Vereda del Contadero -A. P. G.- de un delito contra la ordenación del territorio, aunque lo condena a ocho meses de prisión por desobediencia, ya que se negó a paralizar las obras a pesar de los requerimientos de la Gerencia de Urbanismo de Lucena. Los hechos se remontan al mes de julio de 2004, cuando el imputado inició la construcción de una vivienda de aproximadamente 120 metros cuadrados. La edificación se inició en suelo no urbanizable y, por lo tanto, sin licencia de ningún tipo, si bien el juez argumenta en su resolución que la zona dispone de servicios básicos y hay multitud de edificaciones en los alrededores, informaron fuentes judiciales.

La sentencia, no obstante, lo condena por desobediencia, ya que a pesar de que el Ayuntamiento lucentino precintó la obra en 2004, un año más tarde los técnicos municipales observaron que se había roto el precinto y los trabajos continuaban. En junio de ese mismo año, se procedió por segunda vez al precinto de la vivienda y el 26 de julio, por último, el Ayuntamiento volvió a paralizar la edificación.

Según el Ministerio Fiscal, el acusado decidió con una "actitud perseverante, obstinada y contumaz continuar con las obras hasta la terminación de la vivienda". Esta tesis ha sido aceptada por el juez, que condena al parcelista a ocho meses de prisión.

Durante la vista oral, el parcelista alegó que inició la obra porque, al no saber leer, no comprendía las notificaciones de la Gerencia de Urbanismo. Su letrado, Antonio Aranda, argumentó al término de la vista que en el caso existen "goteras" que demuestran la "inocencia" del encartado. El abogado expuso que el decreto que establecía la paralización de las obras no advertía que A. P. G. podía incurrir en un delito de desobediencia, aunque sí exponía que podía ser castigado con una multa. El letrado sostuvo, además, que el parcelista no recibió la notificación, sino su mujer, y dijo que la actitud de A. P. G. no fue "rebelde". El representante legal achacó a la "mala suerte" la acusación, pues en la misma zona hay una decena de viviendas.

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