La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha remitido a la Gerencia de Urbanismo la delimitación definitiva de la reserva de VPO que pretende llevar a cabo en la carretera del aeropuerto, según aseguró el delegado provincial de este departamento, Francisco García. Este paso supone la comunicación oficial al Consistorio de los límites exactos de esta actuación de forma que todos los propietarios del sector sepan a qué se tienen que atener en el futuro.

La reserva de VPO que pretenden establecer de forma coordinada la Junta y el Ayuntamiento consiste en la habilitación de una gran bolsa de 5.000 viviendas, que en su 70% se destinarán al mercado de la vivienda protegida. Esta medida es la propuesta estrella de ambas administraciones para conseguir terrenos con los que satisfacer las necesidades de vivienda barata destinada a cumplir los objetivos planteados por el Gobierno andaluz en su Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, de reciente aprobación.

Aunque esta iniciativa ya estaba comprendida en el anterior documento autonómico, se encontraba esbozada de una manera muy genérica de forma que se optaba por la creación de bolsas de suelo que, en conjunto, aportasen 10.000 viviendas realizadas desde el ámbito de lo público en las fases de planeamiento y urbanización de terrenos. En principio, ambas instituciones han optado por renunciar a una iniciativa que suponga la recalificación de más suelo en un momento en el que lo que sobra es, precisamente, terreno libre y lo que faltan son fondos para su urbanización ante el bajón que atraviesa el mercado de viviendas libres.

La reserva de VPO coincide milimétricamente con el plan de sectorización O-1, de 165 hectáreas y ubicado en el margen Oeste de la Ronda de Poniente, frente a los terrenos ocupados por el Hospital Universitario Reina Sofía. Los propietarios del sector tienen en estos momentos dos opciones: sumarse a la iniciativa pública mediante convenios o, en su caso, forzar un proceso de expropiaciones de forma que las administraciones acaben siendo propietarias del suelo necesario para el desarrollo de esta actuación. En principio, la previsión de las administraciones es que los propietarios opten por llegar a un acuerdo ante lo que supone la entrada del capital público en un plan urbanístico a cambio de incrementar la ratio de protección oficial.

Uno de los escollos que se presentan con este proyecto es que es preciso adaptar el planeamiento de la ciudad para poder introducir las determinaciones precisas para su nuevo desarrollo. El Plan General se encuentra en proceso de adaptación a la legislación urbanística de Andalucía, que entró en vigor meses después de su aprobación. Dicho proceso se llevará a cabo mediante un método extraordinario y urgente.