La acumulación de varias sentencias que condenan al Ayuntamiento a pagar importantes sumas de dinero han forzado al equipo de gobierno a pegarle un importante bocado al remanente líquido de tesorería que, según la liquidación del presupuesto de 2008, asciende a 4,3 millones de euros. La próxima sesión de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda dictaminará el expediente por el que a la cantidad que hay en la caja municipal se le detraerán 2,3 millones para el pago de las sentencias pendientes.

La condena más alta de todas asciende a casi 700.000 euros y es la indemnización por responsabilidad patrimonial que el Consistorio abonará a la empresa que iba a instalar una gasolinera en la avenida del Brillante por denegarle la licencia para dicha actividad. A este fallo se suma otra indemnización, en este caso por 523.000 euros, por un pleito con una antigüedad superior a una década sobre la clasificación de unos terrenos en el Plan Renfe. Este caso cuenta, además, con una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que urge al Ayuntamiento al cumplimiento efectivo de la sentencia; esto es, al pago de la indemnización fijada en 2007.

A este paquete hay que sumar la cantidad de 680.000 euros procedentes de los intereses devengados tanto por las dos sentencias ya mencionadas como por otra relativa a la expropiación de terrenos para el Parque de Miraflores. El pago de la condena de este último caso es objeto de otro expediente de modificación presupuestaria.

En estos 2,3 millones está, junto a las sentencias judiciales, un paquete de facturas correspondientes a ejercicios económicos anteriores y que deberán ser reconocidas. Las de menor cuantía son dos de 76 euros por suministro de gas y la más alta es una de 392.000 euros correspondientes a los actos de inauguración del Puente de Miraflores en mayo de 2003. El pago de estos fastos, consistentes en una exposición -que fue cerrada por orden de la Junta Electoral Provincial- y en un espectáculo de luz y sonido se realiza forzada por una sentencia judicial, ya que cuando esta factura se tramitó la Gerencia Municipal de Urbanismo estaba en manos de IU y el gasto se comprometió cuando su presidente era el socialista José Mellado. El último de los fallos del TSJA reconoce abiertamente que el cambio de presidente en la Gerencia motivó un cambio de posición de los nuevos gestores, que se negaron a abonar lo adeudado acogiéndose a las presuntas irregularidades cometidas en la instrucción del expediente para este gasto.