El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobará mañana provisionalmente la innovación del PGOU para regular en el uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo. O lo que es lo mismo, da el último paso para impedir que la cementera Cosmos valorice -o sea, que incinere residuos para generar energía, tal y como la empresa pretende-. "El próximo paso será informar a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta y posteriormente se aprobará definitivamente en el Pleno", destacó ayer el presidente de la Gerencia, Pedro García, en una comparecencia en la que presentó los asuntos que tratará mañana el consejo rector, junto al gerente del organismo autónomo Emilio García.

Aunque evitó referirse en concreto a la cementera insistiendo en que la medida afectaba a todo tipo de empresas que pretendiera quemar residuos en el término municipal, Pedro García destacó que se habían presentado nueve alegaciones a la iniciativa, una en contra "la de Cosmos" y ocho "a favor"; y que la iniciativa iba encaminada a regular el uso de la quema de los residuos, "algo que está contemplado en el PGOU, pero que no es importante regularlo y hay que regularlo ya. Ahora mismo se puede valorizar hasta en las Tendillas", puntualizó

García recuerda que en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira se dio un caso similar

"Cosmos se ha sentido afectado y ha alegado, como también se alegó en el procedimiento parecido que ha ocurrido en Alcalá de Guadaira (Sevilla)", apuntó el presidente de la Gerencia, quien añadió que tan sólo "hemos seguido los mismos pasos que los seguidos por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira", añadió. Pedro García se refería a un caso prácticamente calcado al cordobés. La firma Portland Valderrivas anunció en noviembre de 2015 que iba a invertir dos millones de euros en la valorización energética de residuos en su planta situada en ese municipio sevillano, junto a la A-92. Como Cosmos, Portland Valderrivas insistió en que la valorización de residuos era imprescindible para la supervivencia de la fábrica y como Cosmos vio frenado su proyecto por iniciativa municipal. El Consistorio sevillano innovó el PGOU para ello, como ahora va a hacer el Ayuntamiento cordobés para la cementera ubicada en el polígono industrial de Chinales, junto a la joroba de Asland.

El presidente y el gerente de la GMU detallaron que a partir de que entre en vigor la innovación tan sólo se podrán quemar residuos para generar energía en la zona de la Campiña cordobesa. "Concretamente, en una zona ubicada en el Sureste del término municipal", relató el gerente. Emilio García ya explicó que con esta innovación lo que se pretende es regular las empresas que se enmarcan bajo la denominación industrial cuatro, esto es, "que no son compatibles con el suelo urbano y sólo podrán instalarse en suelo no urbanizable no protegido". La modificación concreta que recogerá el nuevo texto del PGOU es la incorporación de un párrafo en el artículo 12.3.6 que apunta que "se consideran industrias de cuarta categoría las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo". Este cambio sólo afecta a Cosmos que, por el momento, es la única firma que había solicitado la valorización.

A principios de mes, la cementera desistió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del recurso presentado por el acuerdo que adoptó la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) el 25 de noviembre de 2015 en el que se establecía la suspensión por el plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo. La cementera, la única industria a la que afectaba de lleno este acuerdo, acudió a los tribunales argumentando posible desviación de poder por parte de la GMU y alegando al principio de proporcionalidad. El juez de lo Contencioso número 3 de Córdoba desestimó el recurso de la empresa, que volvió a recurrir ante el TSJA. Finalmente Cosmos pidió que se le tenga como desistido y "el archivo definitivo de las actuaciones". De esta manera, se puso punto final a uno de los procesos judiciales que mantenían abiertos la empresa y el Ayuntamiento.