El Servicio de Planificación de la Gerencia de Urbanismo se encuentra ya en pleno proceso de redacción del primer cambio del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2003 que afectará a todo el documento y no sólo a cuestiones parciales, tal y como ha ocurrido hasta el momento. El proceso, que será realizado en su integridad por personal del organismo autónomo, servirá para adaptar el planeamiento de la ciudad a las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El planeamiento de la ciudad se aprobó apenas unos meses antes de que la norma autonómica entrara en vigor. Así, pese a que adelantaba alguna de sus previsiones, no recogía mucha de las iniciativas que se aportaron durante el trámite parlamentario.

El cambio del PGOU es mucho más relevante por los efectos que tendrá en el futuro. Actualmente, la ciudad de Córdoba no puede acometer ningún proceso nuevo de conversión de suelos rústicos en urbanizables, bien de naturaleza residencia como destinados al uso industrial. Ello supone que el Ayuntamiento se encuentra atado de pies y manos ante eventuales operaciones de la llegada de empresas para invertir en instalaciones que precisaran de la recalificación de suelos. El proyecto que se encuentra afectado por esta situación, por ejemplo, es el polígono industrial que se pretende crear de apoyo al aeropuerto, tras unas conversaciones mantenidas por empresarios privados con el presidente de la Gerencia de Urbanismo. La prohibición de nuevas recalificaciones de terrenos está vigente desde enero de 2007, fecha tope puesta por la Junta para obligar a todos los ayuntamientos a adaptar sus respectivos planes generales a la norma urbanística.

La Gerencia de Urbanismo y la delegación provincial de Vivienda de la Junta ya han mantenido las primeras conversaciones para que la adaptación del plan se lleve a cabo de una forma rápida. La Junta promulgó en la etapa final de la anterior legislatura autonómica un decreto que regula este tipo de procedimientos con el objetivo de evitar burocracia innecesaria. En el caso de que la adaptación sea tan sólo formal, el proceso de tramitación se tendría que ver acotado a dos meses de trabajo. Toda alteración de las determinaciones que promueva el Consistorio de cara a alterar determinados contenidos del Plan General suponen adentrarse en un proceso más complejo que precisaría de informes oficiales, según establece la norma de la Junta.