El Ayuntamiento de Córdoba tendrá un papel esencial en el desarrollo de los centros comerciales, clave de disputas constantes entre las instituciones y el sector privado. El anteproyecto de ley que prepara la Junta para implantar en Andalucía implica un cambio de relevancia en el desarrollo de este negocio, que quedaba supeditado a las licencias comerciales que desarrollaba la Junta. En adelante, será la Gerencia Municipal de Urbanismo quien señale cuántos nuevos centros comerciales caben en la ciudad -descontadas las licencias ya concedidas, plenamente vigentes en cuanto a derechos jurídicos- y, mucho más importante, dónde.

El borrador del anteproyecto de ley, que ha sido consensuado por el Gobierno andaluz y los agentes sociales, asegura que los centros comerciales sólo se podrán ubicar en las parcelas que sean catalogadas específicamente para ello, en los casos en que el comercio tenga más de 2.500 metros cuadrados de sala de ventas o más de 5.000 metros cuadrados de superficie construida con servicios comunes como el aparcamiento. Ello implica un enorme cambio jurídico con lo establecido actualmente. La norma urbanística actual permite colocar tiendas de gran formato en suelos calificados como residenciales o industriales. Ello ha permitido convertir los polígonos industriales en enormes puntos de compra y venta o que se desarrollen exitosas cadenas de supermercados de gran formato aprovechando naves industriales o bajos comerciales. Todos los proyectos de centro comercial que se están realizando en Córdoba se apoyan en esta filosofía.

La nueva normativa obligará a cambiar el PGOU y a establecer parcelas determinadas de la ciudad donde, de forma pormenorizada, se autorice la construcción de un centro comercial. Urbanismo tendrá también que establecer los lugares donde sea posible abrir un negocio de estas características como uso compatible. En definitiva, la empresa que quiera abrir un centro comercial en Andalucía tendrá que consultar el catálogo de suelo disponible, dentro de las ubicaciones prefijadas, en vez de acudir, como hasta ahora, al mercado libre.

Urbanismo no podrá elegir libremente la ubicación y el número de centros comerciales. La norma afirma que, previamente, la Junta realizará un plan comercial donde quedará fijado, a grandes rasgos, la capacidad de irrupción de centros comerciales en un determinado territorio -con carácter supramunicipal- de forma que la oferta y la demanda presenten un determinado equilibrio. El borrador que maneja el Gobierno andaluz establece, además, determinados criterios: preferencia de la ciudad consolidada sobre la periferia, la capacidad de las vías de comunicación existentes, el apoyo a las instalaciones comerciales que complementen la oferta actual frente a la implantación de establecimientos aislados, el fácil acceso a sistemas de transporte públicos o la prioridad a la cercanía a lugares habitados. Queda prohibido la instalación de centros comerciales en suelo no urbanizable salvo a los viveros.

La nueva legislación, aún no aprobada por el Parlamento de Andalucía, sí deja claras determinadas responsabilidades colaterales a la apertura de establecimientos de gran formato. En el caso de que su llegada suponga un problema de movilidad en el entorno, las empresas tendrán que pagar a su costa las modificaciones de la red viaria o de servicios de forma que no incidan en el territorio. En estos momentos, las inversiones las desarrollan los promotores de las urbanizaciones donde se implantan de manera solidaria.