La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda por la negación reiterada de permisos de salida a un preso de la cárcel de Córdoba. Según informó ayer la organización, el motivo de la denegación, según la prisión, es que "todavía le queda mucho tiempo de condena". El preso ha cumplido 46 de los 57 años a los que fue condenado por, fundamentalmente, robos continuados relacionados con la adicción a las drogas en su juventud, sin que ninguno fuera contra la vida o la libertad sexual, añadió Apdha.

Para la asociación, "no existe posibilidad alguna de reinserción tras 57 años de vida en prisión". Esta realidad, denunció el abogado y coordinador general de Apdha, Valentín Aguilar, "choca con la Constitución Española que en su artículo 25.2 defiende el derecho a la reinserción de las personas privadas de libertad". De este modo, este tipo de condenas, "en absoluto aisladas, se convierten en cadenas perpetuas de hecho", denunció.

La organización considera "ilegal" el actual sistema penal, ya que se vulnera el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, y "no existe un proceso equitativo ni recurso efectivo, ni posibilidad de revisar una condena que en el caso de este condenado, supera las tres cuartas partes de cumplimiento".

Ya el Tribunal Supremo, recordó la asociación, dictaminó en varias sentencias de 1993 y de 2000 que una condena superior a 30 años sería "inhumana, por privar de la oportunidad reinsertadora". Además, el Consejo General de la Abogacía Española también denunció que en España el sistema penal es "excesivamente duro" y que los 40 años de pena máximos que contempla la legislación, es superior a la de media de los países del entorno.

Por su parte, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) consideró sobre España que el encarcelamiento de largo plazo tiene graves efectos sobre los internos y el TEDH también ha calificado contrarias al Convenio Europeo las condenas que no se puedan revisar "y que carece de sentido seguir cumpliendo una vez cumplida un parte sustancial de la pena".

Según datos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al menos 253 personas cumplen condenas superiores a 30 años en España sin contar los condenados por terrorismo, lo que "a todas luces", declaran, "vulnera el principio de reeducación y de reinserción en la sociedad, objetivos prioritarios de nuestro sistema penal".