El concejal delegado de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, anunció ayer que su área está trabajando en la elaboración de un protocolo coordinado con otras delegaciones para actuar en los casos en los que se produzcan agresiones a los trabajadores sociales, después de un episodio ocurrido el pasado viernes. Del Castillo, que añadió que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en esta causa, lamentó el incidente e insistió en la necesidad de crear "un espacio de debate y reflexión" que concluya en un protocolo de actuación para evitar estas situaciones. En la actualidad los trabajadores sociales, que están expuestos a una sobrecarga de trabajo y tratan con personas con graves problemas, disponen de vigilancia privada en algunos centros -los que se ubican en Zonas de Transformación Social-, además de cámaras de vigilancia y un botón antipánico que está conectado directamente con la centralita de la Policía Local. "Nos plantearemos si estas medidas son suficientes y si hay que ampliarlas a otros centros", explicó el concejal de Servicios Sociales, quien mostró todo su apoyo a la funcionaria agredida.

El edil explicó que el supuesto agresor es una persona que estaba siendo atendida por un caso de menores y que fue derivada por otra administración al centro social. Primero se produjo una agresión verbal y después física, "aunque afortunadamente el personal de seguridad pudo reducir" al agresor. La trabajadora "se encuentra de baja pero confío en que se recuperará porque es una persona fuerte", aseguró Del Castillo. El responsable de Servicios Sociales relató que en los dos últimos dos años "este es el primer incidente físico del que hemos tenido constancia", aunque reconoció que las agresiones verbales son algo más habituales.

El sindicato CGT, que denunció el lunes la situación, aseguró que "por desgracia, esto no es un hecho aislado" y que "las amenazas, intimidaciones e intentos de agresión son ya habituales, desde hace años, en todas las zonas de trabajo social del Ayuntamiento de Córdoba". Según la CGT, "prácticamente en todos los distritos de Córdoba se han producido incidencias de este tipo".

La plataforma sindical recordó que la lista de espera actualmente "llega a más de dos meses" desde que se solicita la cita para ser atendidos. La CGT incidió en que "la ratio entre población y trabajadores sociales tiene que ser la prevista y necesaria, no como la que actualmente hay en Córdoba, en la mitad de trabajadores para la misma población que, por ejemplo, existe en Barcelona".