Para que las piscinas sean un lugar de ocio seguro e higiénico, la Delegación de Salud realiza una labor de inspección que no cesa en todo el año. Durante la temporada de baño del pasado año, las 315 piscinas que tiene censadas la Junta de Andalucía y por, tanto, se someten a todos los controles de la Administración, subsanaron más de 450 irregularidades detectadas por los técnicos de Salud, aunque la cifra de irregularidades advertidas por la Delegación provincial en la temporada de 2007 rebasó esta cifra, apuntó la jefa de sección de Salud Ambiental, María Teresa Gallego. El número de incidencias de este año no se sabrá hasta que acabe el presente ejercicio, pues Salud todavía está controlando las piscinas que presentan un servicio de carácter colectivo durante estas fechas en cualquier punto de la provincia.

Gallego precisó, no obstante, que la situación de las piscinas desde el punto de vista sanitario es bastante buena y que la mayoría de las irregularidades detectadas se corrigen casi de inmediato. Además, de los fallos encontrados en 2007, la gran parte tuvo carácter leve, por lo que no se procedió a clausurar ninguna instalación por infracción muy grave. Además de los espacios que se abren cuando llega los meses de más calor, Salud también controla durante todo el año las piscinas cubiertas, las de hoteles y las de los polideportivos.Otro de los aspectos que controla Salud y que su incumplimiento es motivo de cierre es la licencia de apertura. Gallego destaca que, lógicamente, todas las piscinas deben tener este permiso.

La garantía de que el espacio donde los usuarios se bañan está de acuerdo a la legislación vigente sigue un procedimiento bien sencillo. En primer lugar, cada instalación acuática ha de contar con un libro de registro, condición imprescindible para que esté en uso, explicó Gallego.

La fecha de apertura de la piscina, el aforo o la desinfección -que debe ser automática, no manual- son algunos de los aspectos que han de recoger este documento, cuya misión principal es la de controlar la calidad del agua. Gallego apuntó que los titulares de las piscinas cada vez son más conscientes de la importancia de llevar a rajatabla la normativa, por lo que las incidencias cada vez se subsanan con mayor prontitud.

El incumplimiento del reglamento higiénico-sanitario de las piscinas de uso colectivo -permanecen al margen del mismo las particulares o las de comunidades menores a 20 vecinos- puede salir muy caro, ya que las sanciones graves o muy graves pueden oscilar desde los 3.000 euros hasta los 15.000.