El presidente la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Pedro García, informó ayer de que la entidad sacará una oferta de empleo público con 23 plazas, cubriendo por segundo año consecutivo el 100% de la tasa de reposición.

El también primer teniente de alcalde destacó que "con carácter inmediato se convocarán una docena de plazas de peones fijos a tiempo completo, en tanto las once plazas restantes, que serán para personal de oficios y técnico, se convocarán de forma paralela, todo ello en función de los procedimientos previstos en la normativa y en el convenio de Sadeco".

Una vez sean publicadas las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la intención es que los exámenes se celebren antes de finales de año y, tras el proceso administrativo, los nuevos trabajadores se incorporen a la plantilla de Sadeco a lo largo del primer semestre de 2018.

García, no obstante, advirtió de que "a pesar del esfuerzo, aún no es suficiente debido a la inacción en la creación de empleo durante los cuatro años de gobierno municipal del PP".

El concejal recordó que "además, la bolsa de empleo temporal ha completado una vuelta completa, con lo que todo el personal disponible en la bolsa ha disfrutado de un periodo de contratación, lo que refrenda el buen funcionamiento de la misma y demuestra la decidida apuesta por el empleo en nuestra empresa pública".

Por otra parte, el presidente de Sadeco detalló que en el consejo de administración, que tendrá lugar el jueves, se informará del pliego, por procedimiento abierto, para la recogida de la naranja en más de 22.000 árboles de titularidad municipal, repartidos por diferentes barrios y barriadas de la ciudad. "Este año la empresa municipal hace un esfuerzo económico para evitar que la caída de las naranja conlleve efectos negativos para la vía pública y para la ciudadanía", apuntó. El pliego, que sale en tres lotes y con un presupuesto total de 178.000 euros más IVA, recoge que el plazo para finalizar los trabajos de recogida de la naranja es de tres meses, debiendo finalizar antes del día 1 de marzo de 2018, y se tendrá en cuenta, en la valoración de las empresas, que se contrate a personas en riesgo de exclusión social.