No obligar a un menor a ir a clase puede salir caro. El Juzgado de lo Penal número 3 acordó ayer la primera condena que se dicta en la provincia contra unos padres por las reiteradas faltas de un hijo al colegio. Los acusados -un matrimonio con residencia en Peñarroya-Pueblonuevo- llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Provincial y se reconocieron autores de un delito de abandono de familia, por el que deberán pagar una multa que asciende a 900 euros. En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Fiscal solicitaba 2.000 euros de multa.

Hasta el momento, los juzgados de lo Penal de Córdoba han sentado en el banquillo a tres parejas porque sus hijos no asistían al colegio con regularidad. El primer caso culminó con la absolución de los padres, unos jornaleros de Bujalance, ya que no pudo demostrarse su culpabilidad, y el segundo asunto se encuentra visto para sentencia.

Ayer, los procesados -A. S. A. y H. V. C.- reconocieron los hechos expuestos por el fiscal en su informe de acusación. Asumieron, de esta manera, que "pese a tener pleno conocimiento de la obligatoriedad legal de escolarización de su hija menor", han incumplido "deliberadamente" su deber de velar por su adecuada formación. Es más, los padres "consintieron y favorecieron" las continuas ausencias al colegio de su hija, que ahora tiene 15 años. Esto ha dado lugar a una situación de casi "permanente absentismo" por parte de la niña.

La Fiscalía achaca a la "desidia" de A. S. A. y H. V. C. que la niña no haya podido concluir la Educación Primaria e, incluso, tuvo que repetir sexto curso durante el periodo 2004-2005. Durante ese curso, los profesores contabilizaron un total de 150 faltas de asistencia -48 en el primer trimestre, 44 en el segundo y 58 en el tercero. Al año siguiente, los padres optaron por no formalizar la inscripción, lo que según el fiscal ha ocasionado "un patente perjuicio a las expectativas profesionales y formativas de su hija".

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín-Caro, ya explicó en su momento que hasta llegar a la imputación penal de los padres por el absentismo escolar reiterado de sus hijos se pasa por tres niveles de actuación. En primer lugar, actúan los centros escolares, que intentan intervenir para que los niños vuelvan al colegio y, posteriormente, si la situación no se resuelve, el caso se pone en conocimiento de los equipos de orientación educativa y los equipos técnicos de absentismo, ambos organismos pertenecientes a la Delegación de Educación.

Los organismos sociales de los ayuntamientos actúan de manera paralela y, si los menores no dejan de faltar a clase, se llega a un tercer nivel en el que ya interviene la comisión provincial de absentismo; en este momento empieza la investigación de la Fiscalía de Menores. El año pasado, se estudió una decena de casos.