Las Pitas exige a la Junta que los "deje en paz" tras la última absolución

  • Los vecinos ven "claro" que las casas "no crean impacto paisajístico"

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Los vecinos de la parcelación de Las Pitas creen haber ganado el pulso contra la Junta de Andalucía después de la nueva absolución a un matrimonio de la zona. El presidente de la asociación de residentes, Rafael Muñoz, mostró ayer una "gran alegría" por la nueva resolución judicial favorable a los vecinos y exigió a la Administración autonómica que los deje "en paz de una vez por todas". "Está claro que no creamos impacto paisajístico. Ya lo han dicho varios tribunales de Justicia, así que la Junta debería dejar esto quieto por fin", reivindicó.

La Fiscalía solicitaba dos años de prisión para el matrimonio por un presunto delito contra la ordenación del territorio, así como el derribo del chalé. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1, sin embargo, da la razón a los procesados -que adquirieron la casa cuando ya estaba construida y realizaron reformas menores- al entender que "el atentado se cometió cuando se construyeron en su momento los cimientos, la estructura y las cubiertas".

Paradójicamente, el proceso contra el promotor de las obras se archivó sin que siquiera llegara a sentarse en el banquillo. El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, no pudo aclarar ayer si el Ministerio Público recurrirá la resolución ante la Audiencia Provincial.

Hasta el momento, sólo unos propietarios han sido condenados por edificar en Las Pitas, una zona considerada Bien de Interés Cultural (BIC) por sus proximidades a Medina Azahara. La sentencia fue ratificada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial y los procesados, hace unas semanas, decidieron iniciar el derribo de su chalé para evitar así que la Junta de Andalucía metiera las máquinas.

Por su parte, la delegada de Cultura, Mercedes Mudarra, afirmó ayer que la Junta de Andalucía iniciará el procedimiento administrativo correspondiente después de conocerse la absolución, "como está previsto en todos los casos y como obliga la Ley de Patrimonio". De hecho, la sentencia estima que, en cuanto a la demolición de la vivienda solicitada por el Ministerio Público, "tendrá que ser la Administración competente la que tome cartas en el asunto". La resolución deja claro que con la absolución "no estamos diciendo que la vivienda pase a ser legal, pues ni lo es ésa ni ninguna de las que pueblan esa urbanización ilegal".

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