La Fiscalía ha solicitado penas que suman 14 años y medio de prisión y 48 de inhabilitación absoluta para un trabajador municipal del Ayuntamiento de Montilla acusado de varios delitos de abuso del cargo de funcionario público y otros de abusos sexuales. Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso el Día, el procesado habría aprovechado su posición de conceder ayudas sociales para pedir sexo a cambio a varias mujeres y durante varios años.

El escrito del Ministerio Público expone que la primera vez que se registró el supuesto delito fue en 2007 cuando el acusado le dijo a una usuaria que "si quería obtener ayudas sociales tenía que acostarse con él". Todo ello, añade la calificación, "a sabiendas de que la usuaria era una persona especialmente vulnerable por su precaria situación económica y de que ella era conocedora de que la concesión de la ayuda dependía directamente de la decisión del acusado". El trabajador municipal, concretamente, prestaba sus servicios en la Delegación de Servicios Sociales del Consistorio montillano y, entre sus funciones se encontraba la de realizar informes para la concesión de ayudas económicas a personas desfavorecidas. El mismo hecho descrito en 2007 se repitió, supuestamente, septiembre de 2009, en 2011, en verano de 2012 y en varios días de 2012 y 2013. Además, en agosto de 2012 y hasta en dos ocasiones, "cuando se encontraban en el despacho de él, a puerta cerrada, con ánimo libidinoso, le besó y le tocó los glúteos aceptándolo la usuaria porque sabía que la concesión dependía de la decisión del acusado". Un año después, en 2013, la usuaria acudió de nuevo a solicitar la ayuda y el procesado "le realizó diversos tocamientos por el pecho, los glúteos, le abrazó y le besó, cogiéndole de la mano y restregándosela por sus genitales".

Por todo ello, la Fiscalía considera que el trabajador municipal es autor de seis delitos de abuso de funcionario público en el ejercicio de su función y un delito continuado de abuso sexual. Por los seis primeros, se solicitan dos años de cárcel por cada uno y dos años y medio por el delito continuado de abuso sexual.

La investigación arrancó en 2013 tras la denuncia de una mujer prestataria de los servicios sociales. A raíz de las indagaciones, se descubrió que había más víctimas del supuesto abusador por lo que se determinó la suspensión de empleo del técnico y una orden de alejamiento de la sede de los Servicio Sociales, en la calle Altillos de Montilla. Está previsto que el juicio se celebre los próximos días 6 y 7 de abril, es decir, el miércoles y el jueves de la semana que viene, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.