A pesar de la complicada situación económica, los socialistas cordobeses realizaron ayer un balance positivo de los cien primeros días de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia. La parlamentaria andaluza Araceli Carrillo destacó algunas de las medidas que el Ejecutivo presidido por Manuel Chaves ha llevado a cabo durante este periodo, como la redacción del estudio del tranvía, la partida de 2,5 millones de euros para la rehabilitación de barreras arquitectónicas en la capital o la adjudicación de tres nuevos tramos de la autovía del Olivar a su paso por la provincia.

Carrillo resaltó otras actuaciones como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que supondrá que no tributen las aportaciones realizadas de padres a hijos menores de 35 años, siempre que éstas no superen los 120.000 euros o 180.000 si el hijo es discapacitado. La parlamentaria también señaló la finalización de los juzgados de Priego de Córdoba y Puente Genil, además del inicio de la redacción del Palacio de Justicia de Lucena.

En materia de educación, Carrillo destacó medidas como el incremento del 21% de plazas de educación infantil en Córdoba, la extensión del transporte escolar gratuito para la enseñanza obligatoria y post obligatoria o la ampliación del colegio Carlos III en La Carlota. También hizo referencia a las novedades en sanidad, entre las que destacó la adjudicación de la obra del centro de alta resolución de Noreña y la gratuidad de los medicamentos prescritos a los menores de un año.

Por su parte, el parlamentario andaluz de IU José Manuel Mariscal criticó la política ejercida durante estos 100 días por el gobierno de la Junta de Andalucía y reprochó que ante la situación económica existente, "lo único que ha hecho es recortar el gasto social". Mariscal señaló también que en este periodo el Estatuto de Andalucía ha experimentado un desarrollo legislativo "decepcionante", ya que el gobierno "cada vez tiene más dificultades para abarcar los derechos y servicios básicos que aparecen en el texto estatutario".

Las mayores críticas de la coalición se centraron en la aplicación de la ley de la dependencia que ha sufrido, según Mariscal, "grandes retrasos" por parte de la administración y "mantienen hoy a 100.000 personas en la comunidad a la espera de una respuesta a su solicitud".