Quemadas casi todas las naves en materia judicial, el PSOE aseguró ayer que ha llegado el momento de sentar al propietario de Arenal 2000, Rafael Gómez, en una mesa y alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita poner orden en la finca de la antigua Colecor. Ayer, la Junta de Gobierno Local conoció y acató el último revés recibido por el empresario, al que un juzgado de lo contencioso administrativo le ha suspendido el proyecto de actuación por iniciativa de la Junta de Andalucía.

En realidad, se trata de una decisión con más efectos formales que reales. En el Ayuntamiento existía el rumor de que la defensa de Gómez podría estar trabajando en la petición de una licencia para las naves de Colecor mientras el asunto se dilucida en el Tribunal Supremo, lo que hubiera desatado de nuevo la caja de los truenos. En principio, la decisión hubiera supuesto la vuelta a las hostilidades dentro del equipo de gobierno.

El portavoz del PSOE, Rafael Blanco, reclamó que comience a redactarse un nuevo plan especial para la zona desde la iniciativa pública. La clave no se encuentra tanto en el plan especial como en qué pasará con las naves construidas sin licencia. Toda la literatura urbanística queda reducida a un dato fundamental y es qué parte de las naves podrá seguir en pie legalmente y cuál tendrá que ser derribada, en el caso de que Arenal 2000 siga interesada en los trámites conducentes a su legalización. La Gerencia aprobó una propuesta que suponía un esfuerzo mínimo para el empresario, que fue rechazada por los tribunales, bien es verdad que por motivos jurídicos relacionados con la autoría del proyecto.

En principio, las sentencias contrarias a la ordenación de la zona no han tenido ningún efecto práctico. Arenal 2000 sigue disfrutando de una licencia provisional en sus oficinas, en la antigua Colecor, sobre un plan especial que no se encuentra en tramitación. En principio, Urbanismo no tiene planes concretos de proceder a la revocación de este permiso, que obligaría a trasladar las oficinas de la empresa. Las naves, de unos 40.000 metros cuadrados de superficie, mantienen por su parte la misma actividad que antes de la intervención del TSJA.