El PSOE ha pedido al Gobierno, mediante una proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados, que se tomen medidas para evitar la explotación y precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas.

Así lo ha explicado la diputada del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano, quien ha señalado que los clientes de la seguridad privada, tanto en el ámbito público como privado, establecen, en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación las ofertas económicas más bajas. De este modo, la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad es "absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente, lo que ha favorecido el intrusismo en el sector", según recalca el grupo socialista.

Todo esto, apunta Serrano, ha supuesto para el sector "un horizonte de desregulación, principalmente por el abandono del convenio del sector, con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas, perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores e incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal".