El Partido Socialista cerró ayer filas con el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, acusado por el candidato de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, de afirmar -presuntamente- ante varias personas que se estaba cociendo una operación policial para detener al propietario de Arenal 2000 días antes de las elecciones municipales para desprestigiarle. Obviamente, los socialistas no le dan ni una micra de credibilidad a las palabras de Gómez, sustanciadas en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que se reclama que se abra una investigación penal y se llame a declarar a Ruiz para comprobar la veracidad de esas palabras. Los socialistas entienden que se trata de una mera estrategia del candidato de Unión Cordobesa para darse a conocer ante la cita electoral.

El secretario provincial y candidato socialista a la Alcaldía, Juan Pablo Durán, fue ayer tajante al pedir que "no se pierda ni un minuto" con esta cuestión. "Creo que los cordobeses esperan de mí propuestas y no este tipo de cuestiones", aseguró Durán. El máximo responsable de los socialistas entiende que Gómez está buscando "el protagonismo que no logra con su campaña electoral" realizando una denuncia en la que se sitúa en el papel de víctima de una conspiración para mermar sus posibilidades electorales. Los socialistas estiman que entrar en el cuerpo a cuerpo con Gómez sólo beneficia al constructor y joyero en pleno proceso de captación de votos para los comicios del próximo 22 de mayo.

"Es una barbaridad", dijo Durán, quien sí quiso hablar con normalidad de esta cuestión frente a la decisión del subdelegado del Gobierno de no realizar declaraciones, siquiera para desmentir lo dicho en la denuncia ante la Fiscalía. Desde el Partido Socialista, se destaca además que la vía usada por Gómez -un escrito ante el Ministerio Público- no es sino un camino jurídico para evitar futuras consecuencias en su contra. La realidad es que, de resultar falsas, las palabras expresadas por el candidato de Unión Cordobesa serían constitutivas de un presunto delito de calumnias de manual.

Los que sí quisieron realizar declaraciones sobre la rueda de prensa del jueves en las instalaciones de Arenal 2000 fueron los principales responsables de los tres sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía. Lo hicieron para defender la profesionalidad de los funcionarios que trabajan en tareas de seguridad y para garantizar que la Policía no interviene en procesos electorales sino que investiga delitos sobre la base de pruebas objetivas y bajo supervisión o mandato judicial.

Antonio Albalá, del Sindicato Unificado de Policía, se mostró sorprendido por las declaraciones de Gómez y le instó a demostrar unas acusaciones tan graves. "La policía política desapareció hace muchos años", dijo el responsable del SUP. Afirmó que los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "no vamos a permitir" que se ponga en tela de juicio su labor.

Juan Cruz, de la Unión Federal de Policía, reconoció su sorpresa ante las declaraciones del candidato a las municipales por Unión Cordobesa. "La Policía siempre actúa con pruebas y por orden del Poder Judicial porque nosotros no hacemos política", afirmó. Mientras tanto, Fernando Calderón, de la Confederación Española de Policía, aseguró que Rafael Gómez ha usado una vía totalmente legítima, que es denunciar un hecho presuntamente punible, aunque mostró su desacuerdo con el contenido de las declaraciones. "Nosotros no nos casamos con nadie, eso se lo puedo asegurar", dijo Calderón. El sindicalista de la CEP aseveró que es el momento electoral el que lleva a que ocurran cuestiones como ésta.