El presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y los portavoces en la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, Andrés Lorite y José María Bellido, respectivamente, aseguraron ayer que la Junta de Andalucía bajará su montante económico en ayuda a domicilio para la provincia en diez millones de euros. Así lo explicaron los responsables provinciales del PP, que especificaron que esta drástica bajada vendrá propiciada a raíz del cambio en la normativa de ayuda a la dependencia, efectuado en junio. En este sentido, fue Bellido quien detalló que hasta ahora, la Junta tenía la obligación de adelantar el dinero a los ayuntamientos y el cambio efectuado contempla que ese montante se abonará cuando esté justificado el contrato. En el caso de Córdoba capital, como recordó Bellido, ya se venía practicando de esta manera. Es decir, añadió, el Consistorio adelantaba dos millones de euros para que las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio pudieran ejecutarlo. Con ello, Bellido apostilló también que "el Ayuntamiento incluso pone un euro más en cada hora de servicio prestada para que existan unas condiciones laborales mínimas".

Por su parte, Lorite consideró este cambio "un ataque a la política social sin precedentes". El portavoz del PP en la Diputación explicó que el modelo anterior ya sufría retrasos, por lo que del actual se esperan los mismos o más aún. Además, sobre ese descenso en los fondos que aportará la Junta, Lorite especificó que en los municipios menores de 20.000 habitantes las ayudas se gestionan a través de la institución provincial. En este caso, apuntó, se prestan casi 2,3 millones de horas anuales y la media que se paga por cada una es de 10,5 euros. Dado que el precio máximo que fija la Junta por hora es de 13 euros, se generaba un remanente que la Diputación destinaba a la gestión del propio servicio o a otro tipo de programas relacionados. Ahora, aseguró Lorite, se pagará únicamente lo que cueste la hora, lo que hará que ese remanente no se genere.

Por todo esto, el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos para exigir al gobierno andaluz que paralice dicha orden, que se consensúe la decisión con todos los consistorios -tanto los menores de 20.000 habitantes como los de más- y que se tengan en cuenta también los gastos de gestión. En estos momentos, el número de usuarios de ayuda a domicilio en la provincia se sitúa en unas 6.000 personas.