El PP aseguró ayer que la Junta debe a los ayuntamientos cordobeses más de 20 millones de euros por los pagos de la ayuda a domicilio. El presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y los portavoces del partido en el Ayuntamiento de la capital y en la Diputación, José María Bellido y Andrés Lorite, respectivamente, detallaron que la deuda se debe al cambio en el modelo de gestión de estas subvenciones, una modificación que entró en vigor en junio del año pasado.

Molina informó de que, a 31 de diciembre de 2017, un total de 6.723 cordobeses precisaban de este servicio. "Ya advertimos de que el cambio en la financiación de la ayuda a domicilio afectaría a muchos ayuntamientos y a la Diputación", criticó Molina, quien especificó que mientras el modelo antiguo marcaba el pago por adelantado, ahora se hace una vez prestado el servicio y justificado. El presidente de los populares cordobeses reprochó a la Junta cometer un "ataque contra el municipalismo" y aseveró que hay ayuntamientos que "no han recibido ni un solo euro".

Bellido, por su parte, recordó a la Junta que los ayuntamientos "no pueden ser tratados como asociaciones" ya que, añadió, "prestamos un servicio público por delegación competencial", es decir, la ayuda a domicilio es competencia del gobierno andaluz. En este caso, Bellido detalló que la deuda que tiene el gobierno autonómico con el Consistorio de la capital es de 7,7 millones de euros por retrasos en los pagos desde junio en adelante. Con ello, el PP presentará hoy una moción en el Pleno para exigir la vuelta al modelo anterior, moción que, por otra parte, los populares esperan que apoyen el resto de partidos.

En cuanto a la situación de la Diputación, Andrés Lorite explicó que el convenio que tiene la Junta se establece de manera directa con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes -esto es, esas administraciones prestan el servicio por sí mismas-, mientras que las localidades de menos de 20.000 habitantes gestionan su ayuda a domicilio a través de la institución provincial. En este caso, según Lorite, a esos municipios más pequeños la Junta les debe nueve millones de euros por este servicio, lo que unido a los 7,7 millones de la capital y al montante del resto de municipios mayores de 20.000 habitantes suman más de 20 millones.