A estas alturas, quien conozca algo sobre el culebrón en el que se ha convertido la construcción de la comisaría que debe suplir a la obsoleta de Campo Madre de Dios sabe que el problema que impide al Ministerio del Interior actuar sobre el actual complejo policial es que unos 2.000 metros cuadrados del mismo pertenecen a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol). El secretario de Estado de Seguridad y exalcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, quiso que el Ayuntamiento -institución que en plena época franquista cedió al Gobierno los terrenos para la construcción de viviendas para los policías- le pusiera el cascabel al gato al pedirle que demandara la reversión del suelo a Mupol al no haber cumplido ese fin. Y el Ayuntamiento respondió que esa puesta de cascabel le correspondía a Interior al contestarle -amparado en sendos informes del secretario municipal y de la Gerencia Municipal de Urbanismo- que esos suelos son de Interior, por lo que el Ministerio no tendría problemas a la hora de construir sobre ellos.

Tras esa contestación del Ayuntamiento, Mupol ha remitido una carta a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la que reivindica la propiedad de esos 2.000 metros cuadrados de terreno y afirma que si no pudo construir las viviendas en su día fue por que se lo impidió el Gobierno de entonces. Además, la mutualidad aprovecha para reprochar a Ambrosio que "las noticias de que el Ayuntamiento incita al Ministerio de Interior para que consolide una posición ilegítima que se ha producido en tiempos de la dictadura franquista, mediante una orden de un general del Ministerio de la Gobernación, nos parecen gravísimas". Mupol informa en su misiva que fue creada en 1951 por el Ministerio de la Gobernación bajo la denominación de Asociación Mutua Benéfica de la Policía Armada y de Tráfico y que era de adscripción y permanencia obligatoria para todos los policías. El colectivo estuvo controlado y dirigido por mandos policiales en régimen militar hasta 1989, "sin que en ese periodo de tiempo existiera ninguna participación democrática de los mutualistas en sus órganos de gobierno". En ese contexto, se produjo en 1958 la cesión de los terrenos a la mutualidad -que los pavimentó y cercó perimetralmente- con un coste de 80.000 pesetas de la época, "procediendo posteriormente a realizar un encargo arquitectónico que la construcción de 30 viviendas policiales". Mupol afirma que ese proyecto constructivo se paralizó porque la máxima autoridad policial de la época "ordenó que los terrenos fueran ocupados para dar servicio a la comisaría como aparcamiento y talleres".

"Por cualquier observador de esta realidad es fácil concluir que la mutualidad fue desposeída de los terrenos por vía imperativa de una orden de un general a la que era imposible oponerse; podríamos decir que se produjo una ocupación por la vía ejecutiva de la fuerza que otorgaba una orden de un general militar dentro de un régimen político de dictadura", añaden desde la mutualidad. En la carta no falta el tirón de orejas al Consistorio al lamentar que "dentro del marco del actual sistema político de democracia que disfrutamos, nos parece sorprendente que el Ayuntamiento que usted preside anime al actual Ministerio del Interior para que se consolide y se apropie definitivamente de una propiedad que fue ocupada ilegítimamente por orden de un militar franquista, privando a la mutualidad de que cumpliera la condición y sin que el Ayuntamiento hiciera nada durante más de 50 años, a sabiendas de esta situación irregular". Desde Mupol destacan que tanto el Ayuntamiento como el Ministerio conocen esta situación desde hace décadas e insisten en que la actual mutualidad es ahora una entidad sin ánimo de lucro que actúa como previsión social dentro del ámbito de la Dirección General de la Policía, otorgando prestaciones a los mutualistas de carácter complementario a la Seguridad Social, tales como jubilación, vida y accidentes, "por lo que cualquier pérdida de patrimonio repercutirá directamente en la rentabilidad y prestaciones que otorga a sus más de 16.000 mutualistas activos". Por ello, Mupol tiene claro que la única opción que tiene Interior para hacerse con los suelos es comprándolos y, en declaraciones a el Día, lanza un aviso a navegantes: "Si aún siendo conscientes de que la ocupación se realizó y mantuvo sin que mediara título ni consentimiento de la propiedad, privando así a sus legítimos dueños, los mutualistas, de su libre disposición, el Ministerio desea ejercer acciones de prescripción administrativa, deberá ejercer su supuesto derecho conforme a las reglas establecidas en el Código Civil y serán los tribunales quienes decidan".