El etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, se burló ayer de la Justicia durante la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el atentado que, el 20 de mayo de 1996, le arrebató la vida al sargento Miguel Ángel Ayllón. "Soy militante de ETA, y como militante no voy a participar en este teatro", dijo escueto. El procesado se dirigió al tribunal en euskera y le mandó un mensaje al fiscal, Andrés Barroso, y al letrado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), José María Rodríguez Segura: "No voy a contestar a preguntas y solicito a mi abogado que no haga defensa". Fueron las únicas palabras que Kantauri pronunció ayer en la Sección Primera de la Audiencia Nacional. El terrorista se mostró frío, cínico, con sonrisas y saludos a otros miembros de la banda que declararon como testigos. La etarra Maite Pedrosa -integrante del comando Andalucía y condenada por el asesinato de la avenida Carlos III- incluso le mandó un beso a Kantauri.

El fiscal, a pesar de los silencios, mantuvo la petición de 429 años de cárcel por un delito de atentado contra miembros de las Fuerzas Armadas, 24 delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos. Kantauri no participó directamente en los atentados, pero su cooperación fue "necesaria" para la comisión del atentado, sostuvo el representante del Ministerio Público. El fiscal basó su acusación en los informes que los cuerpos de seguridad realizaron tras los atentados y en los testimonios de los etarras del Comando Andalucía que prepararon los explosivos. Según estas diligencias, los cuatro terroristas que estuvieron en Córdoba declararon en su momento que actuaban bajo las órdenes de Kantauri, aunque ayer modificaron su versión.

"Me obligaron a firmar el testimonio. No recuerdo el contenido, pero dudo que haya manifestado que Kantauri fuese el responsable del aparato militar de ETA", declaró el terrorista Mikel Azurmendi Peñagaricano, ya condenado por los hechos de Córdoba. Peñagaricano negó que el procesado le diera la "orden directa" para accionar el artefacto y, sobre su relación con Kantauri, dijo escueto: "Lo conozco de vista". El testimonio de la etarra Maite Pedrosa Barrenechea fue más cínico. La terrorista, entre sonrisas al procesado, manifestó: "Se me torturó durante cinco días. No sé ni lo que dije ni lo que dejé de decir. Chillé muchísimo y lloré durante cinco días". Pedrosa negó que Kantauri le diera órdenes y antes de abandonar la sala se volvió hacia el encartado y, tras un silencioso "te quiero" en castellano, le lanzó un beso.

El fiscal sostuvo que, en diciembre de 1995, Kantauri era el "máximo responsable" del aparato militar de la organización terrorista. Como tal, determinaba su constitución, objetivos y facilitaba los medios materiales para el desarrollo de las acciones terroristas. En el marco de tales actividades, determinó la constitución del Comando Andalucía, formado por cuatro etarras ya condenados por los hechos de Carlos III: Mikel Azurmendi Peñagaricano, Maite Pedrosa Barrenechea, Asier Ormazabal Lizeaga y Francisco Javier Gallaga Ruiz, que se incorporó posteriormente. En diciembre de 2005, Pedrosa y Azurmendi, que se encontraban en la clandestinidad en Francia, se citaron durante dos días con Kantauri, que determinó los objetivos del comando. Uno de esos fines era el atentado perpetrado en Córdoba el 20 de mayo del 96.

Los terroristas alquilaron pisos en Granada, Sevilla y Málaga y se desplazaban de una a otra ciudad. El trayecto más habitual fue entre Sevilla y Córdoba; venían en transporte público, en AVE o en tren ordinario, "para realizar las informaciones y vigilancias" que facilitaron la muerte de Ayllón. Según el fiscal, bajo las órdenes de Kantauri, el comando inició la vigilancia para conseguir los datos necesarios acerca del recorrido que un microbús del Ejército de Tierra realizaba para trasladar al personal al acuartelamiento de Cerro Muriano. Recabada toda la información, los cuatro terroristas fabricaron tres artefactos explosivos: dos los colocaron en sendos vehículos robados y un tercero en un contenedor de basura, a la altura del número 3 de Carlos III. A las 07.30, Asier Ormazabal Lizeaga accionó el mando a distancia que acabó con la vida del sargento Ayllón, que esperaba en plena calle la llegada del autobús. El vehículo, en el que viajaban 24 personas, se salvó de la deflagración por segundos. Los dos coches-bomba no llegaron a estallar. Como consecuencia del atentado, también resultaron heridos un capitán y un alférez que acompañaban a Ayllon, así como un matrimonio que en ese momento circulaba por el lugar de la explosión. Los dos vehículos explosivos fueron desactivados de forma controlada por los Tedax, aunque esto no evitó que al menos seis turismos que se encontraban estacionados en los alrededores resultaran con daños.

El comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Córdoba subrayó los momentos de "confusión" que se vivieron en Carlos III minutos después de la deflagración. "Detectamos que había un coche con una matrícula falsa que podía estar cargado de explosivos. Acordonamos la zona. En el autobús viajaban 25 personas, pero la bomba no lo alcanzó. Si no, se habría formado una hecatombe", dijo. El conductor del vehículo militar recordó que el contenedor que estalló estaba a "cien metros". "Cuando vimos la humareda, frené. Todo el mundo salió fuera. El vehículo iba casi lleno, porque era la última parada. Al sargento Ayllón lo recogía todos los días en ese sitio", reconoció. También declaró como testigo protegido el primer agente que llegó al lugar de los hechos: "Escuché sirenas y me acerqué. Había una persona tirada en el suelo. Era un militar y el abdomen lo tenía levantado. Vi que se acercaba un autocar militar y lo desvié por si había un coche trampa", narró.

Al juicio de ayer acudieron como público una decena de miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que actúa como acusación particular. El presidente del colectivo, Felipe Alcaraz, también estuvo durante unos minutos en la sala. Alcaraz tuvo que declarar ayer en la Audiencia Nacional por las manifestaciones en las que acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser cómplice de ETA. La responsable de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, también estuvo ayer por el edificio de la madrileña calle Génova, aunque no asistió como público a la vista oral. El juicio quedó visto para sentencia.