La Junta subsidiará hasta el 40% de los alquileres durante 25 años

  • Las subvenciones para adquirir piso podrán disfrutarse a lo largo de 10 años · La Administración pagará a quienes ofrecezcan arrendamientos con opción de compra · Las ayudas van de los 65 a los 9.000 euros

Es la gran iniciativa política de la octava legislatura autonómica. Un proyecto estratégico para que el PSOE pueda seguir manteniendo el poder en Andalucía a largo plazo. Y se nota. El nuevo Plan Andaluz de la Vivienda (2008-2012), cuyas líneas maestras fueron cerradas esta misma semana por la Administración regional y los agentes sociales, y cuyo decreto de formulación definitivo será objeto de aprobación oficial por el consejo de gobierno de la Junta dentro de unas semanas, promete un más que generoso reparto de ayudas y subvenciones públicas prácticamente para casi todos los operadores del mercado inmobiliario. Propietarios, empresas, inmobiliarias, constructoras, inquilinos y entidades privadas recibirán, en mayor o menor medida, una notable inyección de subsidios procedentes de las arcas públicas -o de inversión privada canalizada por las instituciones de forma preferencial- para atenuar el impacto de la crisis inmobiliaria y, al tiempo, tratar de permitir que amplias capas de la población accedan a una vivienda.

El plan, cuya redacción inicial ocupa casi 70 páginas, sin incluir su memoria financiera, describe un largo rosario de programas de vivienda protegida cuyas vías de acceso son dispares (en función de la renta y la situación familiar) y a los que, por lógica, les vienen a corresponder diferentes dotaciones económicas. Los diferentes programas, destinados por un lado a los promotores y por otro a los ciudadanos, tocan así casi toda la casuística existente en el sector, aportando soluciones potenciales tanto para las familias que quieran comprar un pisos público -bien en régimen especial o general-, para las que opten por el alquiler como solución a sus problemas de residencia o para colectivos sociales significativos, como los jóvenes, los discapacitados u otros grupos en riesgo de exclusión social. Estas mismas políticas se incardinan en el territorio urbano, al incluir programas de rehabilitación.

En general, la Junta podrá hacer dos cosas una vez se ratifique este decreto. Por un lado, canalizar las ayudas procedentes de Madrid -el Plan Estatal de la Vivienda, que es el fija el marco global- y, por otro, completarlas con su propia vía de subvenciones.

Las ayudas autonómicas consistirá en dos fórmulas: la obtención de un préstamo cualificado y, sobre todo, una serie de distintos subsidios a fondo perdido que permitirá facilitar que muchos de los demandantes de vivienda puedan reducir de manera notable el esfuerzo económico que supone la compra de un piso o un alquiler.

Entre todas estas subvenciones potenciales, llaman la atención dos: las que se aplican para la adquisición de vivienda y las correspondientes al alquiler, las dos vías masivas de acceso a un piso. En el primer caso, el plan autonómico permite recibir este tipo de aportaciones públicas hasta un máximo de diez años, aunque en dos periodos de un lustro cuya renovación está sujeta a autorización de la Administración. De esta forma, una familia, siempre y cuando cumpla los requisitos de renta, podría cobrar una ayuda durante una década para pagar las cuotas hipotecarias del piso protegido al que haya accedido por cualquier de las modalidades existentes; mediante sorteo o compra directa. Una familia cuyos ingresos anuales no superen aproximadamente los 15.507 euros tendrán derecho a un subsidio de 250 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo al que tengan que hacer frente. Mientras más financiación ajena se necesite más subvención se cobrará. Para otra que cobre entre 9.304 y 10.544 euros, la aportación será menor: del orden de los 65 euros, aunque esta cifra podrá incrementarse en 50 euros más si entre dicha familia existe una persona dependiente o está compuesta por cinco o más miembros. Las familias con los ingresos más bajos son las que, lógicamente, más reciben, al poder ingresar -aquellas que por ejemplo no ganen más de una vez y media el índice de referencia de renta (Iprem)- ayudas por hasta 3.600 euros al año. En los casos de municipios cuyo mercado inmobiliario sea más caro -las grandes capitales o la costa- esta cifra puede crecer hasta los 5.000 euros. Una cantidad considerable si se calcula en término de una década. Estos subsidios se aplicarían en el programa de régimen especial.

En el caso del alquiler, sobre todo el correspondente al programa de renta básica (aquel al que pueden acceder familias con menor nivel de ingresos), las aportaciones, junto a la financiación cualificada, consitirán en una ayuda a fondo perdido de hasta el 40% del precio del alquiler durante un máximo de 25 años. Los destinatarios de estos subsidios son las familias con ingresos inferiores a los 9.304 euros al año, aproximadamente. Si se gana más, aunque por debajo de los 10.544 euros, esta cuota de subsidiación cae al 15%, aunque sin alterar el tiempo máximo de cobro. Ambos porcentajes se incrementarán en caso de que una familia de cinco miembros haya arrendado un piso superior a los 70 metros cuadrados -la media más o menos aceptada de una vivienda protegida- hasta poder llegar a suponer entre un 45% de la renta -para las hogares con menos salario- y un 25%, para aquellas familias cuya renta esté entre 1,5 y 1,7 veces el índice salarial oficial establecido, fijado en 2008 en 6.202,80 euros .

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