La Junta no entiende qué busca la concertada al impulsar los recursos

  • La delegada de Educación, Antonia Reyes, considera que la política educativa es tarea del Gobierno autonómico y que no corresponde marcarla a los tribunales

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No lo entiende. La delegada de Educación, Antonia Reyes, señaló ayer a este diario que no alcanza a comprender por qué la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de centros concertados -FAPA-Córdoba- insta a las familias a presentar recursos de alzada en el caso de que no hayan conseguido plaza en el colegio elegido.

"No sé qué finalidad tienen", reconoció Reyes, quien añadió que esta petición "no es la más adecuada". La nueva responsable del área educativa de la Junta también hizo referencia a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoce a unos padres el derecho a tener una plaza escolar en un colegio concertado de Sevilla a pesar de la saturación del centro. Al respecto, recalcó que "afecta sólo a un caso". Aunque aseguró que prefiere mantenerse al margen del fallo del tribunal, Reyes incidió en que la política educativa corresponde a la Junta y "a la Consejería de Educación marcarla, no a los tribunales". Indicó también la necesidad de "mantener una ratio adecuada en las aulas para profundizar en la calidad de la enseñanza".

El fallo del TSJA, que es firme, reconoce por primera vez la prioridad del derecho constitucional de unos padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos frente a la situación en la que se encuentre el colegio.

Desde su publicación, el sector de la enseñanza concertada no ha cesado en destacar la importancia del fallo. "Le pese a quien le pese, lo que hace el TSJA es reconocer un derecho establecido por el artículo 27 de la Constitución y que en FERE-CECA-Educación y Gestión llevamos años defendiendo ante una Administración pública que debería ser la primera en respetarlo", señaló el secretario del colectivo, patronal que agrupa a la mayoría de centros católicos concertados de Córdoba, Francisco Salcedo. La sentencia del TSJA, de obligado cumplimiento, "no debe traducirse en una merma en la calidad de la enseñanza, sino en un ajuste real de la demanda y oferta de plazas escolares", añadió.

Salcedo consideró que la educación "no es un servicio público, sino un servicio de interés general, que exige una oferta escolar plural". "Los problemas surgen de un concepto erróneo de la educación concertada como subsidiaria de la pública, cuando ambas son complementarias e imprescindibles para garantizar la libertad de enseñanza; y del empeño de las administraciones de no reconocer que hay ciudadanos que prefieren centros educativos de ideario católico", argumentó.

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