La Junta ejecuta el primer derribo de viviendas ilegales en Córdoba

  • Uno de los vecinos fue atendido por el 061 aquejado por una crisis de ansiedad Una treintena de agentes de la Policía Autonómica y guardias civiles vigilaron para que no se produjeran incidentes

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Cinco viviendas de la parcelación de Pedrique, en el término municipal de Obejo, centraron ayer todas las miradas. Después de los numerosos procedimientos judiciales contra parcelistas que se han saldado con absoluciones, dos excavadoras procedieron ayer a demoler, por primera vez en la provincia, unas viviendas construidas sin licencia. Y el hecho no se produjo en la capital -donde el debate sobre las casas próximas a Medina Azahara lleva enquistado una década-, sino en plena sierra de Obejo.

Tal y como estaba previsto, dos excavadoras de la empresa Execor contratadas por la Junta de Andalucía llegaron a la urbanización, puntuales, a las 10.00. Media hora más tarde, una de las máquinas empezó a devorar la primera vivienda ante la mirada atenta de su propietario, Jesús Casas. A lo largo de la mañana, las máquinas redujeron a escombros otras cuatro casas.

El derribo llevado a cabo por la Delegación de Obras Públicas materializa así una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 que es firme desde el pasado 27 de febrero, cuando la Sección Primera de la Audiencia Provincial ratificó la condena contra el promotor de la urbanización, F. O. R. La resolución condenó a un año y ocho meses al procesado por un delito contra la ordenación del territorio y desobediencia, además de al derribo de las viviendas.

La sentencia considera probado que el acusado construyó cinco casas y una piscina de "generosas dimensiones" en una parcela de su propiedad, a pesar de que en reiteradas ocasiones fue advertido por la Policía Local de la ilegalidad de la obra. El condenado, además, desobedeció un decreto del Ayuntamiento en el que se le ordenaba la inmediata suspensión de la construcción porque los terrenos no eran urbanizables y tampoco eran susceptibles de legalización. F. O. R. -que ni siquiera se molestó en pedir licencia de obras a sabiendas de que no se la podían conceder- continuó la intervención pese a todas las advertencias y órdenes de suspensión porque pensaba que "si estaban terminadas ya no podrían demolérselas". La sentencia concluía que su conducta respondía a una actitud "contumaz", pues a pesar de conocer la ilegalidad de su proceder continuó con las obras.

Lo que el procesado no contó en el juicio es que las cinco viviendas que había construido ya habían sido vendidas por un valor de entre 60.000 y 90.000 euros, informaron ayer los propietarios. De hecho, los compradores se enteraron a través de los medios de comunicación de que sus viviendas eran objeto de una resolución judicial histórica en la provincia. A pesar de estas ganancias, F. O. R. se ha declarado insolvente, así que, aunque el juez lo haya condenado a pagar la demolición, será previsiblemente la Junta la que asuma la factura.

Una treintena de agentes de la Policía Autonómica y guardias civiles participaron en el dispositivo especial de seguridad organizado para el derribo. A las 07.00, los uniformados llegaron a la urbanización de Pedrique ante la previsión de que los ánimos estuvieran caldeados. A esa hora, sólo una de las viviendas estaba ocupada, pues las otras servían como segunda residencia. La familia salió sin oponer resistencia, aunque una ambulancia del 061 tuvo que atender al propietario del inmueble, Antonio Alonso, por una crisis de ansiedad. Los propietarios fueron testigos de la demolición, no así el condenado, que se personó en la zona pero fue conminado por los agentes a marcharse ante la posibilidad de que los ánimos se enervaran. F. O. R., al parecer, construyó otras casas en la zona que todavía siguen en pie.

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