El decreto del primer ciclo de Educación Infantil, para niños de hasta tres años, "introduce el carácter educativo", aseguró ayer la consejera de Educación, Teresa Jiménez, quien incidió en que la futura norma por la que su área regirá este etapa educativa a partir del próximo curso, tampoco "olvida el papel asistencial".

Jiménez, que acudió a Córdoba para entregar los premios Rosa Regás, que promueven la igualdad de género, incidió en que la norma también tiene en cuenta la importancia de conciliar la vida laboral y la familiar de los padres. Es más, aseguró que gracias a la norma, el periodo de cero a tres años se convertirá en una "etapa educativa".

A pesar de las declaraciones de Jiménez, sindicatos como CGT han mostrado su rechazo al borrador, han iniciado una serie de movilizaciones y también han solicitado su retirada porque consideran que la norma tiene un marcado carácter asistencial. Otra de las críticas de esta organización sindical es que el texto elimina figuras como la del educador y, además, "representa la legalización de todas las situaciones irregulares de los centros privados".

El pasado martes, el citado borrador se analizó en la mesa sectorial, a la que acudieron los sindicatos mayoritarios de enseñanza; el encuentro sirvió para que estas organizaciones presentaran sus aportaciones. En el caso del CSI-CSIF, acudió su máxima representante en Córdoba, Elena García, quien indicó que una de sus propuestas se centró en incrementar el número de profesionales en este tipo de centros. El documento presentado por la Consejería de Educación recoge que "el número de personas para la atención educativa y asistencial deberá ser, al menos, igual al de unidades escolares en funcionamiento en el centro más uno". Sin embargo, para García "el número de personal que plantea el borrador es insuficiente" y la cuantía "debe ser proporcional". Por ello, CSI-CSIF propuso a la Consejería de Educación que el número de profesores en cada aula "sea igual al de unidades en funcionamiento más uno por cada tres aulas o fracción". Es decir, en el caso de una guardería que tuviera seis unidades, se dispondría de un docente por cada una de ellas más otras dos personas adicionales a esa plantilla. Otra de las propuestas que hizo García fue la de potenciar la red pública de centros que impartan este ciclo.

En el tema de personal, CSI-CSIF solicitó también que por cada tres unidades que haya en el centro uno de los trabajadores tenga la titulación de maestro con la especialidad en Educación Infantil, mientras que el borrador de la Consejería de Educación establece que sólo uno de los trabajadores tenga la misma titulación pero por cada seis unidades.