La presidenta del Instituto Municipal de Medio Ambiente (Imgema), Amparo Pernichi, ha remitido a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) -la antigua Egmasa-, organismo dependiente de la Junta, una reclamación patrimonial por daños derivados de los gastos de funcionamiento y gestión del Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía (BGVA), que está ubicado en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Dicha reclamación, correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016, asciende, en principio, a 362.526 euros y a ella habrá que sumar posteriormente la correspondiente a los gastos generados desde el 1 de enero de 2017 hasta la firma de un nuevo convenio marco.

El Banco de Germoplasma de Andalucía funciona desde su creación en esas instalaciones que gestiona el Imgema. Y esa gestión se lleva a cabo mediante un convenio marco suscrito el 29 de diciembre de 2008 entre la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Córdoba (UCO). El objetivo del mismo es, según se especifica en el propio convenio, "el funcionamiento y gestión del Banco de Germoplasma con la finalidad de garantizar la preservación del patrimonio vegetal y promover la elaboración, el desarrollo y la aplicación de programas de investigación y difusión sobre los recursos vegetales de Andalucía".

El organismo autónomo se ha visto obligado a reclamar daños tras no cobrar dos facturas

En el convenio, además, se establece una cláusula que prevé que las actividades concretas distintas de su objetivo principal de gestión y mantenimiento del Banco de Germoplasma se desarrollarán mediante acuerdos específicos o contratos entre todas o algunas de las partes, "en los que se determinará la forma de colaboración, planes de actuación, su calendario, las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes y las posibles aportaciones económicas a realizar. Prácticamente, es la Consejería de Medio Ambiente, según la cláusula séptima, la que debe aportar tanto el material como el edificio construido para el banco, como el presupuesto necesario tanto para el personal, como para los gastos de funcionamiento del complejo y la adquisición de los distintos equipamientos para el mismo.

Desde la rúbrica del convenio, tanto Emagsa en un principio, como Amaya después, asumieron "no sin considerables retrasos", dice Pernichi, el pago de la correspondiente factura anual emitida por el Imgema de liquidación de cada ejercicio. Sin embargo, a partir de 2016, los contratos de asistencia técnica anual de 2015 y 2016 no llegaron a formalizarse "pese a los reiterados requerimientos del Imgema, a los que Amaya y la propia Consejería respondían pidiendo que mientras se solucionaban algunas cuestiones formales se le facturaran los gastos de dichos ejercicios".

La primera de esa facturas, la del ejercicio 2015 llevaba como nomenclatura la de "Reclamación de daños por gastos de conservación y mantenimiento del BGVA" y ascendía a 175.779 euros y fue emitida el 29 de diciembre de ese años. La segunda de las facturas, la de 2016, que asciende a 186.746 euros, fue reemitida el pasado 15 de marzo de 2017 después de haber sido enviada con anterioridad el 30 de diciembre de 2016. La reclamación patrimonial por daños es porque esas facturas, pese a las promesas de pago de la Junta, aún se adeudan.