El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, respondió ayer a IU que "se están cumpliendo los plazos" legales respecto a las sanciones y reintegro de subvenciones que impuso la Consejería a finales del pasado año a la Fundación Guadalquivir Futuro y las asociaciones Jóvenes para el Futuro y Vecinos Nuevo Guadalquivir, tras que supuestamente se quedaran con parte de las ayudas destinadas a contratación de desempleados. Carmona reaccionó así después de que la portavoz adjunta de IU en el Parlamento andaluz, Elena Cortés, dijera el pasado lunes que no quería pensar "que haya otros intereses" detrás de que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aún no haya hecho firme la resolución por la que ya sancionó y reclamó la devolución de subvenciones a los citados colectivos. En su intervención, Cortés también mostró su preocupación ante "la actitud" de Empleo en este asunto "raye en la prevaricación".

Carmona señaló que "en este asunto hay que tener en cuenta dos caminos, por un lado la actuación de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en base a la información obtenida por la Inspección de Trabajo y, por el expediente de información reservada que determina solicitar reintegros a tres entidades". Pues bien, según detalló, "el plazo para devolver estos reintegros se cumplió el pasado 5 de mayo, pasando a la vía de apremio", sin que hasta ahora la Junta tenga noticias "de que las entidades hayan optado por ir al contencioso". Por otro lado, según precisó Carmona, "hay que hablar de las actuaciones de la Inspección de Trabajo surgidas a raíz de la denuncia de algunos trabajadores afectados y que concluyen con la propuesta de acta de sanción, la cual abrió plazo de alegaciones, resoluciones de autoridad laboral y fase de recurso de alzada". Las entidades han formulado las reclamaciones, "que es la fase en la que nos encontramos en la actualidad, y que está en manos de la asesoría jurídica para su resolución", explicó Carmona. A esto habría que añadir, según recordó el delegado, "el proceso judicial en el que también está envuelta una de las entidades, a raíz de las denuncias de Podemos, y que podría afectar a las vías administrativas mencionadas".

El delegado también hizo referencia a la posibilidad de que la Consejería de Empleo elabore una resolución final que diga que Fundación Guadalquivir no podrá recibir subvenciones de otras instituciones y anotó que "Empleo no es competente en esta cuestión, para la que ya existe la Ley General de Subvenciones, a la que todas las instituciones con competencias en la materia pueden acogerse".