Seis personas se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en una red que, al parecer, vendía vehículos que habían sido sustraídos previamente en Italia. La Fiscalía solicita seis años de cárcel para cada uno de los integrantes de la organización, que, aunque ejercía las actividades de compraventa en la Costa del Sol, tenía su sede en Lucena. Los hechos se remontan al año 1997.

Uno de los procesados -J. A. M. V.- aseguró durante el juicio que, aunque estaba al frente de un concesionario, su socio y él no llevaban contabilidad, porque su negocio era "sano y honrado". El encartado aseguró que los márgenes de ganancia eran "muy pequeños" y sostuvo que nunca tuvieron la sospecha de que los vehículos fueran robados, ya que los organismos oficiales nunca detectaron "irregulares" en la documentación de los automóviles. Otro de los implicados -J. F. R. S.- aseguró no saber "de dónde venían los vehículos", simplemente que los coches se los "llevaban" a la puerta de su casa.