La gestión urbanística desarrollada en Encinarejo en los últimos años se encuentra bajo la sombra de la sospecha. El actual equipo de gobierno de la pedanía, liderado desde junio del pasado año por Antonio Guerra (PSOE), investiga el presunto caso de una irregularidad cometida en el pago de una licencia de obra durante la anterior corporación, encabezada por Miguel Martínez Múrez (PA). Los actuales responsables de Encinarejo, que ya han trasladado el informe tanto al Ayuntamiento de Córdoba como a la Junta de Andalúcia para que "adopte las medidas oportunas", detectaron estos hechos al abordar el derribo de una vivienda que contaba con la licencia urbanística aún sin firmar. Ante esta situación, la constructora aseguró haber abonado 4.414 euros por este concepto, aunque esta cantidad no pasó por Tesorería hasta días después de comenzar las investigaciones, según refleja el acta de la sesión.

El documento oficial del Pleno, al que ha tenido acceso El Día, detalla asimismo de forma cronológica el caso tras recabar la información que facilitó el empresario y la que maneja el Ayuntamiento de esta pedanía. En este sentido, el administrador de la constructora en cuestión –García Contreras– aportó datos relativos a la solicitud de la licencia, con fecha 28 de noviembre de 2006, así como el documentos que firmó en su día el ex alcalde Martínez Murez para demostrar que la entidad sí abonó el importe de la licencia que le daba derecho a construir dos casas unifamiliares. El empresario facilitó también el escrito, con el mismo sello que el anterior, que arrojaba que pagó los 94,78 euros correspondientes a la tasa de demolición, la única cantidad que sí consta que se ingresó el servicio de Tesorería.

Sin embargo, el 26 de noviembre de 2007 –apenas 20 días después de que el actual gobierno local comenzara esta investigación y 14 meses más tarde de que el constructor abonara los 4.414 euros– "el señor tesorero hace constar que el programa informático refleja un movimiento de imposición efectivo" por este mismo importe, como así aparece en el acta del Pleno. Por este motivo, se solicitó a la entidad bancaria en la que se hizo efectivo este pago que averigüe la persona que efectuó materialmente el ingreso de los 4.414 euros y que se bloquee esta cantidad para no disponer de ella mientras se desarrollan las actuaciones objeto de la propuesta.

Ante esta situación y a falta de que medien las administraciones andaluza y local, el equipo de gobierno actual denunció los daños causados tanto a la imagen como a la economía de Encinarejo y reconoció que el constructor "actuó de buena fe". Asimismo, el actual regidor descartó que se trate de una "venganza política" contra Martínez Murez. El resto de los concejales, tanto los del PSOE como la del PP, apoyaron la investigación. La edil popular, Eloisa Cuenca, señaló que "se está, supuestamente, jugando con el dinero de Encinarejo" y tildó la presunta actuación de "operación Malaya en pequeño" al compararlo con la trama urbanística en el Ayuntamiento de Marbella.