Intervención exige al cogobierno que fije sus inversiones en un plan a cuatro años

  • Cuestiona que Emacsa pueda otorgar ayudas al suministro y a la adaptación de los contadores

  • Pide la disolución de la Fundación Agrópolis por no cumplir con sus objetivos

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, con la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, con la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, con la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas. / el día

El servicio de Intervención ya se ha pronunciado acerca del anteproyecto de presupuestos presentado por el cogobierno municipal y, en su extenso informe, deja algunas advertencias entre las que destaca la exigencia de un plan de inversiones para un plazo de cuatro años, tal y como se establece en la normativa sobre entidades locales. El Ayuntamiento de Córdoba, sin embargo, aporta cada ejercicio un anexo de inversiones para una anualidad, lo que supone una "deficiencia" con respecto a los requisitos exigidos. La interventora, además, lamenta en su informe que la mayoría de las partidas presupuestarias para inversiones recogidas en los presupuestos "tienen una descripción genérica que no se responde a las actuaciones o inversiones concretas a realizar, es decir, a proyectos con el contenido mínimo que establece la normativa". Precisamente el PP demanda cada año ese plan cuatrienal de inversiones, pero el actual gobierno municipal no ha planteado desde que comenzó el mandato un programa parecido. Según se ha puesto de manifiesto en el último anteproyecto de los presupuestos, de hecho, la mayoría de las inversiones incluso se repiten de un año para otro. Así, las inversiones se quedan en 22,1 millones frente a las 21,7 que consignaron para 2017 y en el documento se vuelve a repetir al partida de 305.000 euros para el recinto ferial, así como los 1,9 millones de euros para la rehabilitación del Archivo, entre otros proyectos pendientes como el Parque de Levante.

Precisamente la Intervención también cuestiona las inversiones, o la falta de ellas, en Aucorsa. Así, asegura en su informe que "no" se ha presentado el Plan Anual de Inversiones Financieras (PAIF) de la sociedad, ni tampoco las transferencias municipales del Ayuntamiento. "Entiende esta Intervención que si no se presenta PAIF es porque no está previsto realizar ninguna inversión en 2018".

Esta es una de las observaciones del servicio de Intervención, que hace un recorrido por todas las empresas públicas y la entidad matriz para analizar el estado y las consecuencias de los presupuestos de 2018. En el documento se hace referencia en varias ocasiones a la necesidad de ajustar la plantilla municipal conforme a ley y dar solución a un problema extendido en algunos organismo municipales, como la existencia de personal laboral indefinido ocupando plazas de funcionarios; plazas que, según la Intervención, deben de ser provistas mediante convocatoria pública siguiendo el procedimiento legal establecido para cumplir con los principios de igualdad, capacidad y mérito. El servicio de fiscalización se refiere a los casos detectados en la Gerencia Municipal de Urbanismo y recuerda que ya hay varias sentencias que obligan a los ayuntamientos a regularizar esta situación a través de los correspondientes concursos públicos. En cuanto al Instituto Municipal de Turismo (Imtur), el servicio de fiscalización insiste en las "anomalías" surgidas en el expediente y que desconoce que hayan sido solventadas. Se trata de dudas sobre el estado de ingresos y gastos del organismo, así como cuestiones de personal. La Intervención recuerda que aquí ocurre algo parecido a lo que pasa en la Gerencia y es la ocupación temporal de las plazas a través de personal indefinido no fijo.

El criterio del servicio de fiscalización del Ayuntamiento es claro en cuanto a la propuesta del cogobierno de conceder subvenciones a través de las empresas municipales como Emacsa. Hay que tener en cuenta que la sociedad pretendía otorgar subvenciones para atender casos de acometidas de vertido de viviendas que tengan problemas y para la individualización de contadores comunitarios. En este sentido, la Intervención insiste en que Emacsa es un ente sometido al derecho privado por lo que, si entrega dinero sin contraprestación para fomentar actividades de utilidad pública o interés social "se estará comportando impropiamente como un poder público" y eso, según la interventora, "supondría un incumplimiento de la legislación".

Intervención tampoco se olvida de la Fundación Agrópolis, a la que pide una "profunda revisión" de su configuración actual que justifique "su viabilidad jurídica" y garantice su sostenibilidad financiera. De hecho, el organismo nació en 2013 con un presupuesto de 168.000 euros y los últimos números arrojan un patrimonio neto de 20.723 euros. Por todo esto, Intervención insta a la disolución de Agrópolis por "imposibilidad de cumplir su fin fundacional".

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