"Mire usted, yo no entiendo, es que realmente no sé de lo que me está hablando, no sé que es el IRPF ese. Yo sólo firmaba lo que me ponían por delante". Ésta es parte de la declaración del empresario Rafael Gómez a preguntas de su abogado, Severino Martínez, y en presencia del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, que desde ayer preside la vista que analiza la presunta comisión por parte del polémico empresario de 11 delitos contra la Hacienda Pública, a la que supuestamente defraudó 70 millones de euros en impago de impuestos a través de sus distintas sociedades.

Gómez, que aseguró estar "bien, tranquilo" a su llegada a la Audiencia, basó su declaración en el desconocimiento de los asuntos contables de sus empresas, ya que esas cuestiones las delegaba "en los trabajadores de administración, en los que confiaba plenamente y sigo confiando". Es más, el empresario se mostró convencido en que "todo se hizo de la manera más justa".

Ni di instrucciones ni sé realmente de qué está hablando, yo sólo iba a trabajar"

Gómez se enfrenta a 11 delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, por los que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 70 millones de euros con el supuesto impago de impuestos a través de cuatro empresas. Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales y pide para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Rafael Gómez, que podría llegar a 350 millones de euros. Los delitos supuestamente fueron cometidos entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

Se trata de uno de los mayores casos de fraude fiscal juzgados en Córdoba. Sin embargo, el empresario -y líder de la oposición en el Ayuntamiento con UCOR entre los años 2011 y 2015- negó ayer la mayor y le dijo al juez que sólo sabía de lo que se le acusaba "por lo que había leído". De hecho, Gómez dijo que "no sé escribir y leer un poco los periódicos, cuatro cosillas". Ésta fue su defensa para negar cualquier vinculación en los asuntos contables, que derivó de manera exclusiva "a los asesores" y a las empresas encargadas de las auditorías. El abogado llegó incluso a señalar directamente a los trabajadores Antonio Martínez y Daniel Barrios como los encargados de estas cuestiones, a quienes Gómez, aseguró, "nunca di instrucciones" en relación al IRPF. "Ni siquiera sé lo que es, nunca he hablado de eso, eran los de la oficina los que hacían esas cosas". Tampoco se reunió Gómez, según defendió, con ningún responsable de Molina y Silos o Ernst & Young, dos de las empresas que realizaron auditorías en sus sociedades. "Yo sé que vinieron, pero no en qué año, no tengo ni idea", se excusó. El empresario, que sólo contestó a las preguntas de su abogado, insistió en que nunca dio instrucciones a los contables de sus empresas: "Ni lo hice ni sé realmente de qué me está hablando; yo sólo iba a trabajar, nunca me metía en cuestiones de oficina".

Gómez se ciñó al guion y, en este caso, no protagonizó ninguna de sus histriónicas declaraciones a las que tiene acostumbrado, aunque no perdió la oportunidad de recordar su pasado humilde y su vida como trabajador. "Yo empecé con la joyería y después nos metimos en la construcción, primero con viviendas de protección oficial y después hicimos grandes proyectos; yo veía las cosas claras, los negocios", dijo Gómez. En ese tiempo, añadió, "el negocio de la construcción fue maravilloso, hicimos cosas maravillosas para personas de este mundo".

El empresario y político desvinculó a sus hijos de cualquier responsabilidad, pero no hubo manera de que aclarara quién era la persona que tomaba las decisiones en el grupo de empresas de Arenal 2000. Gómez repitió una y otra vez que sólo iba a trabajar y que tenía buen olfato para los negocios, pero nada más. Tampoco se celebraban consejos de administración, a pesar de que tanto Gómez como sus hijos eran consejeros de las distintas empresas, y nunca supieron si la empresa daba beneficios, dijo en su declaración ante el juez. El departamento contable, según su declaración, iba por su cuenta y sus acciones no estaban revisadas por nadie de la familia Gómez. "Nosotros creíamos que hacían lo que era más justo y sigo pensando que era lo mejor", insistió. El clan sólo se dedicaba "a trabajar", argumentó una y otra vez.

En las cuestiones previas la defensa de Gómez planteó la nulidad de las acciones por el impuesto de patrimonio relativo a 2004, argumentando que la recaudación corresponde a la Junta de Andalucía y no a la Abogacía del Estado. El juez lo desestimó ya que "es al Estado al que le corresponde la investigación", dijo. El magistrado también desestimó la pretensión de la defensa de impugnar un informe pericial, así como considerar la prescripción de los supuestos delitos de 2003. "Antes de prescribir el supuesto delito ya tenían conocimiento las partes y declararon como imputados", argumentó el magistrado.

Es la segunda vez que Gómez se sienta en el banquillo. El dueño de Arenal 2000 fue detenido como imputado en la operación Malaya el 27 de junio de 2006 en su domicilio de El Brillante. En la sentencia, los jueces ratificaron que Gómez pagó 300.000 euros al cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para que hiciera la vista gorda y así pudiera acondicionar unas oficinas de su constructora Arenal 2000 y conseguir abrir una puerta de acceso al paseo marítimo de la ciudad marbellí. En el cierre de la vista oral del mayor juicio celebrado en España, que se alargó durante 22 meses, el empresario hizo uso de su último turno de palabra y, dejándose llevar por el llanto, puso de relieve el "daño irreparable" que, a su juicio, ha sufrido alguien que sólo quería "hacer el bien". Esta vez no ha sido tan expresivo.